Dos agentes de la policía local de Sitges (Barcelona), la población considerada como la meca catalana del turismo homosexual, han denunciado hoy que el concejal de Seguridad y el jefe de la policía les someten a acoso laboral por ser lesbianas, ya que no les dejan conciliar su vida familiar.

En rueda de prensa en Barcelona, Iolanda Ruiz, una de las dos agentes, ha explicado que sus problemas empezaron en 2007, con la llegada del actual jefe de la policía, que las separó y las cambió de grupo e incluso logró cuadrar el organigrama de festivos para que no pudieran coincidir ni en vacaciones ni en ningún festivo de 2008.

Ruiz, que cuenta con el asesoramiento legal del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), ha explicado que hasta entonces habían podido conciliar perfectamente su vida laboral y profesional, como ocurre con las otras parejas (todas heterosexuales) que integran la plantilla de la policía local de Sitges, formada por 70 personas.

Las dos mujeres tenían una relación correcta con el anterior jefe de la policía local, a quien denunciaron poco antes de su relevo que unos compañeros les habían dejado en sus taquillas unos escritos homófobos ofensivos.

El anterior jefe de la policía local se comprometió con ellas a investigar los hechos y, al ser sustituido, dejó un escrito para su sucesor en el que le relataba la denuncia y le pedía que lo investigara, ya que consideraba que era un hecho grave.

Sin embargo, según Iolanda Ruiz, el actual jefe de la policía local no sólo no investigó los hechos, sino que optó por separarlas y además logró una difícil cuadratura del círculo ya que, en 2008, consiguió que las dos agentes, que están casadas, no coincidieran ningún día libre, ni por vacaciones ni en ningún festivo.

Las mujeres llevaron el caso al Sindicato de Policías, que concertó una entrevista para el pasado 4 de junio con el alcalde de la localidad, que sirvió para que el primer edil les asegurara que hablaría con el concejal de seguridad y con el jefe de la policía para que les permitieran conciliar su vida familiar y laboral.

Si embargo, tanto el portavoz del SPC, David José, como la propia Iolanda Ruiz, han lamentado hoy que desde entonces (y ya han transcurrido diez meses), siguen con la misma situación y el concejal de seguridad, Antoni Caballero, el jefe de la policía local y la directora de servicios les dan largas.

Por ello, han presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso-administrativo, para pedir que se les aplique la ley de conciliación laboral, y una denuncia penal en la que acusan al concejal, al jefe de la policía y a la directora de servicios de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, con la agravante de discriminación por razón de orientación sexual.

En un primer momento, la defensa y la fiscalía han pedido el archivo de la causa, ya que aducen falta de pruebas, aunque el letrado que asiste a las dos agentes, Javier Peiró, ha afirmado que existe un informe elaborado por el departamento de recursos humanos del consistorio que demuestra que tienen derecho a poder conciliar su vida laboral y familiar.

No obstante, Ruiz se ha quejado de que este informe está escondido en algún cajón municipal, ya que el concejal de seguridad está obligando, según su versión, a sus subordinados a actuar con el máximo secretismo.

Se da el caso de que, este año, el jefe de la policía local, a la hora de planificar el organigrama y los turnos, ha designado en primer lugar a todos los agentes masculinos y luego ha puesto en una casilla separada a todas las mujeres, bajo el epígrafe 'apoyo femenino', cuando su condición profesional es igual a la de sus compañeros.