No son episodios aislados de violencia contra las gentes –casi todas negras y morenas– que frecuentan los aledaños de la Seu. Este diario ha reunido varios testimonios durante los últimos meses y algunas plataformas como Fruta con justicia social llevan años recabando información sobre agresiones policiales a inmigrantes donde se repite por sistema el mismo modus operandi. De hecho, un ataque salvaje en un bar de dos agentes de la Urbana de Lleida contra marroquíes fue incluso registrado en vídeo en 2018, y dio lugar a una denuncia por agresión con instrumento peligroso y por los delitos de torturas y de ataque contra la integridad moral de una persona.

Lo que no se había conseguido hasta la fecha es que algunas de las víctimas de estos actos impunes –en su mayoría, pequeños delincuentes reincidentes, presuntos traficantes de poca monta con poco o ningún crédito social o simplemente, fumadores de hierba con antecedentes policiales– vencieran sus temores y denunciaran a rostro descubierto ante una cámara que agentes de policía les condujeron a lugares apartados para agredirlos y humillarlos. Sucedió el jueves pasado –7 de mayo– mientras Público recababa información sobre el terreno acerca de los efectos de la crisis del coronavirus de los mataderos de Binéfar entre la plantilla que vive en la capital del Segriá.

Justo en el momento en que el periodista registraba en vídeo una entrevista a un africano que explicaba que nadie, hasta la fecha, les había informado de que un número significativo de subsaharianos residentes en Lleida han contraído el virus, irrumpe motu proprio un joven gambiano para denunciar unos hechos que, con pequeñas variantes y diferentes protagonistas, vienen repitiéndose y documentándose desde hace varios años en el Casco Antiguo. "Sí, sí existe racismo por parte de la policía", –asegura el gambiano. Y lo hace, a sabiendas, de que frente a él hay dos agentes de los Mossos d'Esquadra en los que, sin embargo, no reparó el reportero hasta que entraron en el plano. "Fumo marihuana, sí –prosigue el africano–, pero no la vendo, y me tratan a menudo como mafia por la cara. Llevo diez años aquí, y tengo mis documentos. Me he sentido acosado muchas veces".

La presencia de los Mossos no intimida al africano, que aprovecha las cámaras para denunciar un ataque policial del que fue víctima. Es a partir de ese momento (minuto 2 de la grabación) cuando el gambiano comienza a denunciar la clase de hechos que, con pocas variaciones, sugieren que dos o más agentes de Lleida llevan años tomándose la Justicia por su mano. "Una vez me pararon los urbanos; me llevaron a un lugar donde no hay cámaras, me pegaron y me dijeron que me volviera a mí país [...]. Me habían pillado fumando hierba y me llevaron allá atrás, al lugar donde cojo los tickets del albergue. Hay urbanos que no respetan. No todos. También hay gente buena que viene positiva".

Tal y como recoge el vídeo incluido en esta información, un mosso d'Esquadra en el que el reportero no había reparado se introduce en el plano (minuto 4) para preguntarle al gambiano cuándo había sido la última vez que había sido detenido. "Nosotros les tratamos bien", dice. Y algo después, preguntado acerca de las graves acusaciones formuladas por el africano a algunos miembros de la Urbana, reconoce con franqueza que tiene constancia de hechos similares: "Hay casos, hay casos". Un segundo agente interviene más tarde para preguntar por el supuesto autor del robo de un televisor.

Se asume que el agente pretendía mostrar que abordar al gambiano estaría plenamente justificado, por cualesquiera fueran sus antecedentes. Según admite el propio interpelado, la última vez que fue detenido por la policía fue hace un mes, por "fumar maría y alguna cosa más". Claro que eso resulta irrelevante. Lo que los colectivos leridanos que han denunciado esta clase de hechos vienen denunciando no es el derecho de la policía a realizar su trabajo dentro de los márgenes que la ley ofrece, tal y como, sin duda, hicieron los agentes que entraron en el plano.

"Ese mismo policía corpulento que ves allá abajo me tomó en cierta ocasión del cuello y me levantó del suelo sin que yo le hubiera hecho nada", nos había explicado un magrebí el día anterior, para poner acto seguido pies en polvorosa, olvidando tras de sí sus pertenencias, cuando advirtió que el periodista tenía la intención de acercarse hacia el mentado. Un par de meses antes, reunimos los testimonios de un argelino y otro habitual del barrio, de etnia gitana, y varias condenas a sus espaldas, y ambos coincidieron en entrevistas separadas en que se los llevaron a un lugar apartado, junto a las faldas del castillo, para propinarles una paliza. Nunca se abrió denuncia o expediente a raíz de los hechos que originaron la agresión.

A juzgar por los testimonios recabados, el patrón que se repite es el siguiente: dos o más agentes vienen actuando desde hace varios años al margen de la ley y llevan a los presuntos delincuentes a lugares ubicados fuera de las cámaras de vigilancia urbana o en espacios situados al resguardo de las miradas, a menudo cerca de las murallas del castillo y de algunos puntos de consumo de droga, para injuriar, humillar y golpear a las víctimas, nunca en defensa propia, ni en el transcurso de una situación que pudiera justificar una actuación así.

Todos los que denuncian estos hechos son africanos o gitanos. A menudo, son bien conocidos por la policía, pero alguno ni siquiera ha sido nunca condenado por delitos. Una mala respuesta ha sido razón suficiente para desencadenar una paliza o varios golpes brutales.

Salvo en el caso de los marroquíes cuya agresión fue registrada por una cámara, ninguno ha denunciado formalmente a alguno de sus atacantes por temor a las represalias o, sobre todo, por su absoluta ausencia de fe en el sistema y la imparcialidad de los tribunales a la hora de enjuiciar las acciones de los policías. Todos coinciden en que esta no es la conducta habitual de la mayoría de los agentes que realizan su trabajo en esa zona, sino de varios de ellos. Es decir, lo que sale a la luz es en realidad mucho más grave.

A los testimonios recogidos por este diario, se suman las quejas documentadas por activistas catalanas como Nogay Ndiaye, afiliada de la CGT y miembro, entre otros colectivos, de la Plataforma Fruta con Justicia Social, la Asociación de Senegaleses de Lleida y del Forum de entidades de inmigrantes de Lleida. El audio de la entrevista completa realizada por este diario se recoge también en esta información y añade todavía algunas dudas más acerca del proceder de ese puñado de policía corruptos cuya existencia reconocía el mosso. Son tantas y tan minuciosas las denuncias recabadas por Ndiaye –catalana mestiza, con ancestros senegaleses– y el colectivo del que forma parte que dejan pocas dudas acerca de su veracidad, y aún plantean más interrogantes sobre cómo ha sido posible que se creen estos espacios de impunidad.

"Si se limitaran a identificarlos, no irían más allá de sus funciones policiales. Sin embargo, esto ocurre constantemente con personas a las que no se les justifica ni el por qué; se les humilla en público y muchas veces, ni los apartan a portales para desnudarlos; les meten las manos en la boca; les agreden; les pegan y les tiran al suelo. Existen otros casos en que policías van a buscar a alguien en concreto, se lo llevan a un rincón; le agreden y se llevan las cosas que podrían llevar encima: bolsitas de marihuana, cocaína. En ocasiones, se hace una denuncia y en otros, no. Eso nos ha llevado a plantearnos qué pasa con todas esas sustancias incautadas. Un policía ha venido, ha agredido, se ha llevado a un presunto traficante se ha llevado sus pertenencias, no lo ha identificado y se marcha. A nosotros, solo nos lleva a una posible solución".