Un piloto argelino detenido erróneamente en el Reino Unido por instruir a los 19 autores de los atentados del 11-S en Estados Unidos podrá reclamar una indemnización al Gobierno británico por daños y perjuicios, según dictó hoy un tribunal.

El Tribunal de Apelaciones anuló una sentencia anterior que impedía a Lofti Raissi, de 33 años y residente en Londres, reclamar una compensación económica al Ministerio del Interior por los daños a su salud, reputación y carrera profesional derivados de su detención.

Raissi fue arrestado en su casa diez días después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, aunque fue liberado siete días después. Sin embargo, fue detenido de nuevo en virtud de una orden de extradición cursada por el Ejecutivo estadounidense.

El sospechoso permaneció cuatro meses y medio en la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde pasaba 23 horas al día confinado en su celda, hasta que se le concedió la libertad bajo fianza, pese a la oposición de la fiscalía en representación de EEUU.

En abril del 2002, un juez dictó que no había pruebas que lo implicaran en ningún delito de terrorismo.

En marzo del 2004, Raissi reclamó una compensación a través de un programa del ministerio para víctimas de errores de la justicia, pero se le denegó porque se consideró que su caso, al ser de extradición, no se ajustaba a los criterios establecidos.

En febrero del 2007, el Tribunal Superior respaldó la decisión del Gobierno de no indemnizarle.

El Tribunal de Apelación falló hoy que Raissi tiene derecho a reclamar una indemnización del Gobierno porque, al presentarle las autoridades británicas como un terrorista durante meses, ejercieron "un efecto devastador en su vida y su salud".

Al salir del juicio, el argelino expresó su alivio y agradeció haber sido finalmente "exonerado".

"Siempre dije que creía en la justicia británica y al final la conseguí hoy", declaró.

Raissi, que también espera una disculpa pública del Estado, podrá ahora renovar su petición de indemnización al Ministerio del Interior, que está obligado a analizarla.

El piloto, que asegura estar vetado de trabajar por todas las aerolíneas, adelantó que reclamará por el tiempo pasado en prisión, el dinero que pagó por sus estudios, la pérdida de su carrera y por el daño a su salud.