Dos años de instrucción les quitaron el sueño, la alimentación y el piso que compraron. 'Si llegan a darle la vuelta, seríamos nosotros los acusados'. Quienes así se expresan son Cristina del Río y Julio Suárez, el matrimonio de transportistas autónomos que denunciaron una red de facturas falsas en el Ejército del Aire.

Esta pareja destapó en el año 2012 una trama que ha sentado en el banquillo a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas con la ayuda de presupuestos falsificados. La red organizada podría haberse apropiado entre 7 y 10 millones de euros, según difundió Público el pasado 2 de junio.

Ambos llegaron a estar imputados en la causa, a petición del principal acusado, el teniente David Hernández Claret. El juez togado militar central número 2 les acaba de eximir de toda responsabilidad en un auto que reconoce que, gracias a ellos, este fraude ha sido descubierto.

Pero siguen preocupados, a la espera de que el auto del instructor sea firme. Julio Suárez es tajante: 'Nunca pensamos que la denuncia se fuera a revolver de esta manera. Si miramos en Internet, leemos que nos llaman los colombianos, los narcos, los hampones... Denunciamos lo que descubrimos, pero hemos sufrido mucho'.

Ambos llegaron a España en 1999 desde Bogotá. Con tres hijos, la nacionalidad española y el carnet de conducir que obtuvo Cristina en 2008, lo arriesgaron todo para comprarse un camión de 40.000 euros y fundar la empresa de mudanzas SDR.

Hoy han perdido el piso, con el que financiaron la compra del vehículo, ya que su clientela decayó a causa de su imputación a este sumario y por la crisis económica. 'Muchos clientes dejaron de confiar en nosotros', remacha Julio.

Fue Cristina quien interpuso la denuncia en el juzgado de guardia. Corría el año 2012. Descubrió el pastel a raíz de una llamada de comprobación de la base de Getafe (Madrid), a cuenta de un kilometraje inexacto de una factura de su empresa, SRD. Se sorprendió: ellos nunca habían emitido esa factura, tan sólo habían entregado tres presupuestos allá por 2008 que no habían sido aceptados.

Es más, nunca había estado en la base aérea de Getafe. Para su sorpresa, a través de ese militar supo que había más facturas presentadas a nombre de su compañía.

Se citaron con el militar que había entregado las facturas de SDR al Ejército, y apareció el teniente David Hernández Claret. Era el que les había pedido los presupuestos en 2008. Les ofreció ser socios al tiempo que les reveló cómo funcionaban.

'El dijo que hacía 500 mudanzas al año con facturas falsas. Nos ofreció un 25% sobre el beneficio que él se llevaba, y un viaje a Canarias. Si hubiéramos aceptado, o si hubiéramos realizado las mudanzas que nos habían atribuido, hoy tendríamos una flota de vehículos y no deudas', relata Cristina.

'No teníamos ni idea de lo que pasaba, pero nos preocupaba Hacienda -prosigue -; teníamos miedo al delito fiscal, ya que no sabíamos cuántas facturas habían emitido a nuestro nombre, con IVA incluido'. También tenían miedo a represalias del militar o de su trama.

Escribió al ministerio de Defensa, pero no tuvo noticias. Un mes más tarde, el 13 de julio de 2012, Cristina se presentó en el juzgado de guardia para denunciarlo. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 37.

Su correo y su denuncia provocaron una investigación interna en el Ejército y la apertura de un sumario en la jurisdicción militar, que es la que ha sentado ahora en el banquillo a los 45 oficiales y suboficiales después de que el juzgado ordinario se inhibiera.

'Nos han quitado el sueño y la alimentación, no vives', relata Cristina mientras su marido salta a cuenta de que el teniente Claret, cuando vio que no aceptarían su propuesta, 'lo enredó todo en el juzgado para aparentar un lío de faldas'. Argumentó que había sido él quien le había entregado las facturas, al margen de su mujer: 'Querían la separación entre nosotros y no lo lograron'.

Ahora dudan del paso que dieron en el año 2012, cuando descubrieron que alguien estaba utilizando membrete, sello y firma de su empresa.

'Si nos hubiéramos dado cuenta de cómo iba a tornar esta causa, de que nos iban a imputar, no lo hubiéramos denunciado. Hemos perdido el piso, y hemos tenido que pedir prestado', se lamenta Cristina.

Hoy sólo aspiran a dos cosas: que se confirme su desimputación y recuperar su buen nombre.

Los 45 militares acusados están destinados en las bases aéreas de la Academia de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de cárcel.

La ley prevé que los funcionarios sean indemnizados en los casos de traslados forzosos, como ocurre con los militares recién salidos de la academia. El Ministerio de Defensa exige que sean presentados tres presupuestos, para conceder la indemnización al presupuesto más barato.

Las investigaciones apuntan a que las mudanzas no se realizaban, aunque se cobraba la indemnización con la ayuda de facturas falsas. En otras ocasiones, la mudanza se realizaba por una empresa relacionada con el teniente Claret y a un precio muy inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres.

La factura falsas solía alcanzar una cuantía de 3.500 euros. El teniente Calet 'vendía' a sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de mudanzas y que él les tramitaba toda documentación ante el ministerio.

Al parecer, los transportistas de SDR entregaron en 2008 tres presupuestos -uno suyo, el más barato, y otros dos presupuestos de otras dos empresas- con el fin de lograr la adjudicación de una mudanza. Pero nada supieron de su oferta, y creyeron que habían sido rechazados.

La trama utilizó su factura para 'replicar' ulteriores presupuestos ante el Ejército del Aire, falsificando firma y membrete, supuestamente. La llamada de un auditor a cuenta de un error de kilometraje hizo saltar las alarmas de los propietarios de la empresa SDR, que denunciaron lo ocurrido en el juzgado en el año 2012.

La investigación del juzgado militar central 2 ha llegado a abarcar hasta 150 militares investigados, lo que causó problemas de operatividad en más de una base aérea ya que quedaban suspendidos de sus funciones mientras se aclaraban las responsabilidades de cada uno.

Los oficiales y suboficiales acusados abarcan a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos.