Ni Gobierno, ni patronal, ni sindicatos, han sido muy exactos a la hora de cuantificar los recortes que supondrá para el bolsillo de los futuros pensionistas españoles la recién aprobada reforma de pensiones. Pero un organismo externo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha puesto negro sobre blanco las consecuencias en las prestaciones después de aplicar la reforma.

Según este club de países ricos, el principal efecto de la reforma será una merma cercana al 9% en los ingresos de un trabajador que haya comenzado su carrera laboral en 2008. El cálculo de la OCDE está basado en la tasa de reemplazo, que mide los ingresos que recibe un pensionista en comparación con el salario que recibía cuando trabajaba. España era, hasta ahora, uno de los países con una tasa de reemplazo más alta.

Así, antes de la reforma, de media un pensionista recibiría el 81,2% de sus ingresos salariales frente a la media del 57,3% de la OCDE. Con la reforma, la pensión sólo representará el 73,9% del salario.

Esta pérdida de poder adquisitivo es menor si se considera neta tras eliminar los impuestos y las contribuciones pagadas a la Seguridad Social durante la vida laboral. Antes de la reforma, la tasa de reemplazo equivalía en términos netos al 84,9% y después de la reforma se queda en un 78,3%.

Esta merma en las pensiones se dará en todos los supuestos de jubilación, ya que el cambio en el cálculo de la pensión (extender de 15 a 25 años el periodo de cómputo y rebalancear el peso de cada año de vida laboral para que valga lo mismo) se aplicará a todos los pensionistas. Otra cuestión es la subida de los años mínimos que hay que contribuir para cobrar el 100% de la pensión. A los 65 años se necesitarán 38,5 años de vida laboral y, en el caso de jubilarse con 67, se requerirán 37.

La OCDE calcula en un 13,1% la pérdida que supondrá este salto a las personas que interrumpan durante diez años su vida laboral (en gran parte mujeres). El recorte en término netos es menor pero también abultado: un 11,5%.

Con todo, la OCDE destaca que las reglas en otros países que exigen periodos mínimos de cotización 'son más estrictas' y cita el caso de Francia o de Luxemburgo. La organización no tiene en cuenta los cambios que se realizarán después de 2027, cuando la implementación será completa y comenzará a operar un factor de sostenibilidad que está contemplado en el Anteproyecto de Ley.

Este factor estará ajustado a la esperanza de vida de los españoles a los 67 años. La OCDE prevé que entre 2027 y 2055 la esperanza de vida suba en 2,3 años, pero el organismo no puede calcular cómo impactará esto en las prestaciones ya que el Ejecutivo no ha dejado claro si el factor reducirá pensiones o aumentará la edad de jubilación. Eso sí, desde el Gobierno atribuyen a estas correcciones futuras un punto porcentual del ahorro total esperado con la reforma (3,5%). Fuentes del Gobierno han calificado el informe de la OCDE de 'espaldarazo' a la reforma.

Una persona que interrumpa su vida laboral diez años perderá un 13,1%

Este señala que, con el ahorro previsto, el gasto en pensiones de España estará, en 2050, por debajo del de Alemania, Francia e Italia. La OCDE insta a que realicen más medidas de ajuste, ya que no será hasta 2050 cuando la media de los países de este club de ricos se jubilará con 65 años. Piden que se incentive el ahorro en los planes de pensiones privados.

Ayer se pusieron los cimientos para otra de las reformas del Ejecutivo: la creación de un fondo austriaco que acumule las indemnizaciones por despido. El ministro de Trabajo convocó ayer al comité de seis expertos (dos nombrados por el Ejecutivo, José Ignacio Pérez y Esteban Rodríguez Vera; dos por los sindicatos, Juan López Gandía y Santos Ruesga; y otros dos por la patronal, Pilar González de Frutos y Alberto Nadal). El grupo debe elaborar un informe antes del 25 de mayo.

Por otro lado, el Instituto de Empresa Familiar, un lobby empresarial, propuso ayer un plan para luchar contra el empleo juvenil con el uso de un contrato de aprendizaje para jóvenes hasta 30 años bonificado al 100% por dos años y con un salario no sujeto al convenio colectivo a negociar entre empleado y empresa.