Las recientes revelaciones sobre el uso de la tortura volvieron a encender ayer los ánimos en Washington, después de que Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, acusara a la CIA de haber engañado a los legisladores sobre el repetido uso de sus nuevas 'técnicas perfeccionadas de interrogatorio' incluido el ahogamiento simulado (waterboarding) contra sospechosos de terrorismo.

Pelosi acusó al Gobierno de George Bush de haber hecho todo lo posible por ocultar información sobre los casos de tortura pese a practicarla repetidamente, como luego han demostraron los informes de la CIA desclasificados recientemente. La agencia de inteligencia, denunció la responsable demócrata, 'engañó al Congreso'.

La máxima representante de la mayoría trataba también de salvar su pellejo político después de que la semana pasada se hiciera pública una larga lista de sesiones secretas en las que aparecía como una de las personas que primero supieron de las nuevas prácticas aprobadas por la Administración republicana.

En una de las reuniones, celebrada en septiembre de 2002, 'sólo se me informó de que estás técnicas eran legales y sólo se mencionó el ahogamiento simulado para decir que no se utilizaba', declaró ayer Pelosi, que denunció el uso de la tortura y pidió una 'comisión de la verdad' para aclarar todo el asunto.

El presidente Barack Obama no ve con buenos ojos esta última idea porque teme verse arrastrado en una amarga batalla partidista. Prueba de que la Casa Blanca quiere acallar el asunto como sea es su repentina decisión de frenar la desclasificación de fotos comprometedoras sobre los abusos a los detenidos en cárceles secretas a manos de militares.

Y de hecho ayer el tono en Washington era de profunda crispación. 'Estoy en contra de una comisión', dijo el jefe de la minoría republicana, John Boehner, 'pero por otra parte me parece bien saber exactamente quién sabía qué y cuándo. A lo mejor la opinión pública tendría así una idea más completa de lo que realmente ocurrió'. Si bien los conservadores aplaudieron la decisión de Obama de mantener secretas las fotos, las organizaciones de derechos humanos seguían indignadas.

Las 44 imágenes 21 tomadas en Irak y Afganistán, y otras 23 en 'cárceles sin identificar' iban a hacerse públicas el 28 de mayo tras un acuerdo alcanzado el mes pasado entre el Pentágono y la Asociación de Libertades Civiles (ACLU), que interpuso la solicitud de publicación en 2003.

Su director, Anthony Romero, criticó a la Casa Blanca por 'adoptar las tácticas obstruccionistas y la política de opacidad del Gobierno Bush', y calificó la decisión de 'especialmente inquietante si se añade al fracaso del Departamento de Justicia, incapaz de llevar a cabo una investigación penal sobre los actos de tortura' cometidos durante la Administración republicana.

Pocos han visto las fotos y nadie está de acuerdo sobre su contenido. Obama, en unas breves declaraciones el miércoles, dijo que no eran 'especialmente sensacionalistas' y 'no añadían nada a investigaciones ya cerradas' contra los soldados u oficiales que cometieron los abusos. La prensa estadounidense recogía ayer varios testimonios anónimos, de oficiales del Pentágono y de personas relacionadas con la investigación, que las consideraban 'parecidas a las de Abu Ghraib'.