La Audiencia Nacional devolvió de nuevo el viernes al Juzgado Central de Menores la competencia sobre el caso del joven presunto pirata somalí detenido por el secuestro del pesquero español Alakrana por estimar que no se ha demostrado que sea mayor de edad.

El juez Santiago Pedraz rechazó así la inhibición que hizo el juzgado de menores el miércoles después de que una prueba de mineralización ósea de la dentadura del sospechoso concluyera que no era menor de edad. Los informes médicos previos de los forenses de la Audiencia no pudieron acreditar que tuviera más de 18 años.

El magistrado estima hoy en un auto que es necesario determinar con seguridad si Abdu Willy, como se conoce al joven capturado en el Índico junto a otro presunto pirata poco después de que el 'Alakrana' fuera secuestrado el 2 de octubre, tiene más de 18 años.

"Admitiéndose que existan muchas (o muchísimas si se quiere) probabilidades de que el individuo supere la edad penal, en ningún caso, los informes establecen, con seguridad plena, una edad superior a 18 años, extremo que debe quedar rotundamente probado para proseguir la causa contra el mismo", dice el juez en el auto, en el que añade que el detenido le dijo que tenía 16 años.

Se trata de la segunda ocasión que Pedraz rechaza quedarse con la investigación, que pasará ahora a una sala superior después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara un recurso de apelación, según fuentes judiciales.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo que la decisión era "recurrible" y que la cuestión era determinar "qué juez es el competente".

SEGURIDAD PRIVADA ARMADA

El secuestro del 'Alakrana' ha llevado al Gobierno a dar pasos para aprobar una norma que permita a los buques llevar seguridad privada y armada a bordo. El viernes, el Consejo de Ministros remitió al Consejo de Estado un informe sobre el decreto que recogerá estas medidas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el viernes tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo estaba trabajando "con todos los medios" para la liberación de los 36 tripulantes del atunero con sede en Bermeo (Vizcaya).

"Sabemos que la situación es muy difícil para todo el mundo, paras las familias sobre todo, pero estamos poniendo todo de nuestra parte", dijo la vicepresidenta, sin especificar si el Gobierno estaría dispuesto a pagar un rescate, como ocurrió con el pesquero español Playa de Bakío, liberado en abril de 2008.

"Vamos a hacer las cosas bien y las cosas van a salir bien, lo que queremos es que se resuelva cuanto antes", añadió, asegurando que los tripulantes se encontraban bien y que habían mantenido contacto con sus familias.

En la actualidad los piratas somalíes mantienen retenidos nueve buques de distintos países, algunos de los cuales participan en la operación Atalanta contra la piratería en el océano Índico.