BRUSELAS. -La Eurocámara ha aprobado una nueva legislación que establece que cada país de la UE puede restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM) en sus propios territorios.

La reforma de esta legislación llevaba cuatro años bloqueada por los desacuerdos entre los Estados pro y anti transgénicos.

Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor en primavera de 2015, recibieron 480 votos a favor, 159 en contra y 58 abstenciones. 

En la actualidad un gran número de Estados miembros, como Francia, Austria o Hungría, cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que sin embargo están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.

Las nuevas reglas permitirán a los Estados miembros prohibir los OGM por motivos de política medioambiental diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente ya citados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Los países que quieran prohibir los OGM podrán alegar causas como la ordenación urbanística y territorial o el impacto socioeconómico.

La legislación establece un procedimiento que permitirá a las compañías de cultivo de OGM consentir estas restricciones en su licencia de comercialización antes de que el Estado miembro adopte tales medidas.

No obstante, los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral aunque la compañía no esté de acuerdo.

Los Estados miembros tendrán que garantizar que los cultivos OGM no contaminan otros productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza.

Actualmente el maíz MON810 es el único cultivo genéticamente modificado que se cultiva en Europa, en su mayoría en España, prácticamente el único país de la UE con cultivos OGM. Las organizaciones ecologistas creen que la nueva legislación agilizaría la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo y, al ser España un país muy favorable a esta industria, podría abrir la puerta también a las otras variedades de semillas que se vayan aprobando.

Los diputados del PPE y los socialdemócratas (S&D) respaldaron mayoritariamente las nuevas normas, y muchos de ellos indicaron en el debate previo a la votación que sin ser la solución ideal, permitirá resolver las dificultades existentes desde hace años en relación a la autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Los diputados del grupo de los verdes, por su parte, dejaron claro en el debate que se opondrían a la normativa porque "renacionaliza una política europea importantísima", dijo el belga Bart Staes, que consideró que la nueva ley "no es democrática" y que dará a las multinacionales "gran poder" sobre la autorización.

La diputada española Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda en Europa), alertó por su parte de que las nuevas disposiciones "no podrán preservar una agricultura campesina libre de transgénicos".

Las empresas del sector biotecnológico de la UE, agrupadas en EuropaBio, criticaron que las nuevas disposiciones den a los países "una licencia para prohibir productos sanos que han sido aprobados a nivel europeo y permitan basar ese veto en argumentos no científicos".