Hay una frase que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, repite en todas sus comparecencias públicas, para justificar los recortes que viene aplicando, que “las deudas hay que pagarlas”. La política de ajuste está al servicio de los prestamistas del Estado (principalmente, la gran banca internacional), que están presentando una elevadísima factura. De acuerdo con los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado, el pago de los intereses de la deuda suponía para el conjunto de las administraciones públicas, en términos anualizados, a 30.236 millones de euros. Es un 80,6% superior a lo que se estaba pagando hace cinco años, antes de que la crisis de las hipotecas subprime provocase el mayor terremoto en el sistema financiero desde la Gran Depresión.

Para el próximo año, el servicio de la deuda sigue escalando y batiendo récords. Sólo el Estado ha  presupuestado 38.600 millones en costes financieros, más que lo que representará la nómina de todos sus empleados públicos. 

El servicio de la deuda pública representaba a mediados de este año, de acuerdo con los últimos datos de la Intervención del Estado, el 2,81% del PIB. Cinco años antes, era apenas el 1,56% de la riqueza nacional. Esto es, se están pagando cerca de 13.500 millones de euros más que antes del inicio de la crisis financiera.

El agujero que ha provocado la crisis en las finanzas públicas se ha ido cubriendo con las emisiones de bonos, y el endeudamiento de las administraciones públicas está alcanzando niveles históricos. En septiembre pasado, llegó a los 817.164 millones (lo que representaba el 77,4% del PIB), más del doble del que había a finales de 2007, 382.307 millones.

A pesar de las tensiones en los mercados de deuda de los dos últimos años, el tipo de interés medio de la deuda en circulación, al menos en lo que se refiere a los títulos del Estado, es comparativamente algo mejor que el que existía en 2007: un 4,12% frente al 4,53% de hace cinco años.

Junto a los intereses, la otra partida que ha crecido con más fuerza en este tiempo es la que abarca a las prestaciones sociales, fundamentalmente por el aumento del paro (estos pagos han crecido un 80,2% en cinco años, según los datos de la Intervención). En el otro lado, las administraciones públicas han recortado drásticamente las inversiones. En cinco años, la formación bruta de capital ha descendido un 20,3%.

La crisis financiera es el detonante de la profunda recesión económica que está atravesando la economía española y que, entre otras consecuencias, ha provocado un desplome de los ingresos públicos, lo que ha supuesto una dificultad añadida para poder, precisamente, pagar las deudas.

Los datos de la Intervención muestran que las subidas de impuestos de estos últimos años apenas han logrado frenar la sangría de recursos públicos. En estos cinco años, la presión fiscal (la relación de la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales con el PIB) ha caído por debajo del nivel del 30%. Concretamente, en el segundo semestre de este año, fecha de los últimos datos oficiales, era del 29,3%, el nivel más bajo en veinte años. Cinco años antes, la presión fiscal estaba en el 33,1%. Eso supone haber perdido cerca de 40.000 millones de euros, en términos anualizados.