El Grupo de Expertos de la República Democrática de Congo, nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para informar sobre la situación en el país, ha acusado a dos activistas españoles, cuyos grupos han recibido financiación pública en España, de 'proporcionar apoyo financiero, logístico y político' al Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), grupo armado ruandés opuesto al régimen de Kigali que opera en el este de Congo.

Se trata de Joan Casòliva, presidente de la organización Inshuti/Amigos del Pueblo de Ruanda, registrada en Barcelona, y Joan Carrero, presidente de la Fundación SOlivar, una organización cristiana registrada en Palma de Mallorca y principal impulsora de la querella en la Audiencia Nacional contra cerca de 40 funcionarios del actual régimen ruandés.

'El FDLR ha recibido apoyo financiero, logístico y político regular de individuos pertenecientes a [ambas] instituciones caritativas, que han sido a su vez financiadas directa o indirectamente por el Gobierno de las Islas Baleares', señala el Grupo de Expertos en un informe confidencial al que ha tenido acceso Público, y que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto debatir hoy.

La investigación del Grupo de Expertos halló vínculos con Inshuti y SOlivar

Casòliva negó ayer por teléfono las acusaciones. 'Es absolutamente falso. No conozco a nadie del FDLR. Nos atacan porque quieren ir contra la querella que hay en la Audiencia Nacional', declaró.

El Grupo de Expertos basa sus afirmaciones en testimonios, correspondencia por correo electrónico, conversaciones telefónicas grabadas, análisis de registros de llamadas y recibos de transferencias de dinero, según el documento. El informe no especifica qué cantidades de dinero se cree que han podido ser transferidas.

'Un oficial de enlace del FDLR que tomó parte en una transferencia de armas afirmó al Grupo que había estado en contacto con Casòliva, quien le había prometido que recaudaría hasta 200.000 dólares (133.000 euros) para el FDLR', indica el informe.

La investigación comprobó que Casòliva visitó Congo el 29 de julio de 2009, según los registros de inmigración, y 'testigos afirman haberle visto en una reunión en Uvira con dos agentes conocidos como Maestro y Odette, conocidos como agentes del FDLR', grupo al que la ONU acusa de cometer crímenes de guerra.

Según Casòliva, Odette es una viuda que conoce hace tiempo, que no dispone de medios y a la que ayudó con 300 euros. 'Maestro es un hombre al que he visto un par de veces en un restaurante y me pidió que visitara su casa y su familia. Les hice fotos', señaló.

El informe menciona a otros dos altos cargos de Baleares, pero no les atribuye apoyo al FDLR

En cuanto a Carrero, el informe señala que la entidad que preside, Fundación SOlivar, ha donado dinero en los últimos años a la organización Brothers of Charity (Hermanos de la Caridad). 'Algunos de estos fondos fueron dirigidos a una organización hermana de Brothers of Charity en Kigoma (Tanzania), el Instituto Ahadi. Recibos de Western Union indican que el jefe de programas del Instituto Ahadi recibió en 2006 dos transferencias de dinero (por 500 dólares) de Anastase Munyandekwe, un ciudadano belga de origen ruandés que hasta hace poco fue portavoz del FDLR', precisa el texto.

Público no pudo localizar a Carrero, quien se encuentra de viaje fuera de España.

El informe menciona a otros dos altos cargos de Baleares, pero no les atribuye apoyo al FDLR. Señala que el senador Pere Sampol participó en el Diálogo Inter-ruandés que organiza la Fundación SOlivar con el objetivo de promover la reconciliación en los Grandes Lagos. En aquel encuentro asistieron también Esperance Mukashema, 'que según varias fuentes en la RDC es familiar del general Sylvestre Mudacumura' [comandante militar del FDLR], y Jacques Kanyambibwa, un ex piloto ruandés, que ha pedido públicamente que se ponga en libertad a dos compatriotas detenidos en Francia en relación al genocidio de 1994.

Dos guerrilleros hutus del Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), en una zona selvática de Kivu Norte, a 150 kilómetros de Goma, en febrero. -AFP

Asimismo, Sampol y el director general de Cooperación de Baleares, Josep Ramón Balanzat, viajaron con Carrero en febrero de 2009 a la capital congoleña, Kinshasa, donde se reunieron con el primer ministro, Adolphe Muzito.

Inshuti ha recibido financiación del Ayuntamiento de Manresa, en cuyo Consell Municipal de Solidaritat participa. Según la memoria de 2006, a Inshuti se le concedió una subvención de 10.478 euros para un programa de cursos de paz entre jóvenes refugiados en Kigoma. La contraparte local que llevaba a cabo los cursos es el Instituto Ahadi, que menciona el Grupo de Expertos.

Joan Casòliva niega las acusaciones y dice tener pruebas de todos los pagos

'Nosotros entregamos el dinero a los Hermanos de la Caridad y ellos lo gestionan. Pero no creo que colaboren con el FDLR. Son gente que me da mucha confianza', agregó Casòliva, quien señala que 'no puede haber pruebas' y que guarda los recibos de todos los gastos de los proyectos.

En 2007, Inshuti recibió 6.750 euros para ofrecer becas de estudios a distancia para jóvenes en Ruli (Ruanda). También se destinaron 10.666 euros a un proyecto de acogida de niños de la calle.

La Fundación SOlivar ha recibido 60.000 euros del Fons Mallorquí de Solidaritat, formado por ayuntamientos y diputaciones. La mitad de esa cantidad fue para organizar el Diálogo Inter-ruandés, que se celebró en Palma. La subvención oficial también es para apoyar la querella, que ha hecho que el juez Fernando Andreu dicte orden de busca y captura contra 40 cargos ruandeses.

El Grupo de Expertos tiene por misión, según la resolución 1807/08 de la ONU, recabar y analizar información sobre los flujos de armas a la RDC y las personas, instituciones y empresas que violan el embargo de armas impuesto sobre el país. Cada año confecciona una lista de los que han violado el embargo, a los que se recomienda imponer sanciones como la congelación de sus cuentas o limitaciones de viaje. En el informe del año pasado, el Grupo de Expertos acusó a Ruanda de apoyar –con uniformes y equipos militares, y reclutando soldados (incluidos niños)– al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), un grupo armado protutsi que operaba en el este del Congo, liderado por Laurent Nkunda. El informe también detallaba la financiación del FDLR a través de la explotación ilegal de los recursos minerales. En el informe de este año no se ha investigado al CNDP como tal, ya que, a raíz de un acuerdo de paz, el grupo rebelde accedió a integrarse en el Ejército congoleño. Su líder, Nkunda, fue detenido en enero y enviado a Ruanda.