Ocho personas más han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Lanzarote, elevando a 16 el total de arrestados, informó el viernes el Ministerio del Interior.

Entre los ocho nuevos detenidos en Gran Canaria, Lanzarote y Almería hay una funcionaria del Cabildo Insular de Lanzarote, un empresario de Almería, un ex concejal del Ayuntamiento de Arrecife y un ex abogado, informó la Benemérita en un comunicado.

A los detenidos en esta segunda fase de la llamada "operación Jable" se les considera presuntos autores de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

También se han practicado varios registros en los domicilios de los arrestados y se ha intervenido abundante documentación.

El lunes se informó de la detención de otras ocho personas en Lanzarote y Madrid, entre ellas una antigua alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife y un ex consejero del Cabildo de Lanzarote, como presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Entre ellos también se encontraban un técnico del ayuntamiento de la capital de la isla, un funcionario del Cabildo de Lanzarote, un director de una oficina bancaria y diversos empresarios e intermediarios.

Según informó el viernes la Guardia Civil, la investigación ha revelado que en una de las tramas una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia a través de un importante entramado empresarial y utilizando a varias personas como testaferros.

Otra de las tramas, según la Benemérita, está relacionada con supuestos pagos realizados a uno de los detenidos por servicios no prestados con los fondos de un ayuntamiento de Lanzarote y de empresas públicas.

La Guardia Civil ha declarado que se trata de la desarticulación de la trama más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades.

Según la Guardia Civil, los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.

La investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y dirigen el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, continúa abierta.