Los ministros de Finanzas de los diecisiete países del Euro, el Eurogrupo, tratará de cerrar hoy un acuerdo político para el rescate de la banca española. El Gobierno viene negociando en las últimas semanas con expertos de la Comisión Europea, en colaboración con técnicos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), los términos del préstamo y las condiciones que se impondrán a las entidades individualmente y al sector en su conjunto. Los ministros examinarán un borrador de ese documento. Pero el llamado memorando de entendimiento, el documento definitivo, no estará finalizado y firmado hasta finales de mes (está prevista una nueva reunión del Eurogrupo el próximo día 20). Estas son las claves del rescate de la banca.

La Comisión Europea quiere un banco malo, y el Gobierno español parece que acabará aceptándolo . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era contrario a esta fórmula (que, en cambio, defendía el ministro de Economía, Luis de Guindos). No es, de verdad, un banco propiamente dicho, sino una entidad que se hará cargo los activos tóxicos de los bancos, fundamentalmente inmobiliarios (suelo e inmuebles) para que dejen de pesar en sus balances. Tal entidad, previsiblemente vinculada al Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), dependiente del Banco de España, se encargará de gestionar esos activos, que en los libros valen mucho más de lo que ahora determina el mercado, lo que supondrá asumir las pérdidas que implican tal diferencia.

El Eurogrupo acordó destinar al rescate del sistema financiero español hasta 100.000 millones de euros , pero no se alcanzará previsiblemente esa cantidad. Posiblemente, estará cerca de las cantidades manejadas por las consultoras contratadas por el Gobierno para evaluar las necesidades de las entidades financieras, Roland Berger y Oliver Wyman. Según sus cálculos, en el peor de los escenarios, con el PIB español cayendo más de un 4%, la banca necesitaría entre 51.000 y 62.000 millones de euros.

Posiblemente, hoy todavía no se conozca la cifra definitiva de la ayuda financiera y su reparto a la espera de que se conozca a finales de mes el resultado de la evaluación pormenorizada de las carteras crediticias de la banca que el Gobierno encargó a cuatro auditoras (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC). Según el Ministerio de Economía, los tres grandes del sector, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, no necesitarán dinero de la UE; en la misma situación podrían estar otras entidades como Banco Popular, Bankinter o Sabadell, que podrían cumplir por sí mismas con cualquier requerimiento de necesidad de capital. De ese modo, el rescate se concentraría en las entidades nacionalizadas: Bankia , Novagalicia , Banco de Valencia y Catalunya Caixa . Según fuentes del sector, esas entidades bajo control del FROB necesitan unos 41.000 millones de los 62.000 millones calculados, esto es, absorberán el 66% de las necesidades de capital totales.

El dinero de la UE se dirigirá al FROB, lo que supone que no afectará a la cifra de déficit. Pero sí a la del volumen de deuda pública. Sólo en el caso de que el rescate se dirigiese directamente a la banca, la ayuda no incidiría directamente en los recursos públicos. Así se acordó en la cumbre de la UE del pasado día 2 de junio . Pero para que sea así, antes debe crearse un supervisor bancario único para la eurozona y éste no estará en vigor hasta al menos la segunda mitad de 2013, según las fuentes, cuando la ayuda española ya estará inyectada.

El préstamo se canalizará inicialmente a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), pero una vez esté en vigor el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) la ayuda se trasladará al fondo de rescate permanente sin adquirir el estatus de acreedor preferente. Esto significa que, en caso de impago, no tendrían preferencia de pago respecto a otros acreedores, una de las cosas que más temían los inversores internacionales, y lo que estaba castigando la prima de riesgo de la deuda española. El dinero no se entregará de una vez, sino a medida que se vaya necesitando.

El Gobierno sigue negociando con las autoridades europeas el plazo del pago y los intereses del préstamo de la UE. Pero previsible que tampoco hoy se cierren estos detalles. España espera que el préstamo tenga un plazo largo de incluso más de 15 años, con un periodo de gracia de entre 5 y 10 años, y un tipo de interés entre el 3% y el 4%.

Hay dos formas en que puede realizarse la ayuda: mediante la inversión en capital directamente, esto es, tomando acciones de las entidades, o la que parece la alternativa preferida por el Ministerio de Economía, la inversión en los llamados bonos convertibles contingentes, o CoCos como se les conoce en el sector financiero. Los bonos convertibles en general son unos instrumentos híbridos entre deuda y capital donde se paga un interés al inversor y, adicionalmente, existe la opción de convertirlos en acciones. Esta conversión se deja en manos del inversor, ya que, si cuando vencen los bonos no quiere convertirlos, el emisor devolvería el dinero al inversor, repagando su deuda, como una deuda normal. En los bonos convertibles contingentes, esta conversión en acciones está sujeto a algunas condiciones establecidas en el momento de su emisión, condiciones que quitan de las manos de los inversores el derecho o no de convertir.  Los CoCos se contabilizan como deuda pública, y no como déficit, ya que se supone que se ganará dinero con ello según pase el tiempo. El Gobierno fijará un interés de alrededor del 8,5% para estos bonos, que es el mínimo que la Comisión Europea ha aceptado en caso similares anteriores. En cambio, si se produce la inyección en forma de capital, el Estado podría llegar a perder dinero , si las acciones de la entidad no recuperan la rentabilidad que tenían antes del rescate.

La ayuda a la recapitalización de la banca no supondrá, según el Gobierno, nuevos ajustes para la economía española , sino que las condiciones se centrarán sólo en el sector financiero. La UE impondrá a las entidades que reciban las ayudas planes de reestructuración, que puede implicar desinversiones, la reducción del tamaño, el abandono de líneas de negocio o el cierre de entidades, lo que supondrá el cierre de oficinas y el recorte de plantilla (ya en 2011 el sector bancario despidió a 14.000 empleados , y se cerraron 2.905 sucursales). Igualmente, habrá exigencias para los organismos supervisores y reguladores. Bruselas, además, no descarta que, en este proceso de reestructuración del sector financiero, alguna entidad tenga que liquidarse. Según el diario El País, Bruselas podría exigir a las entidades un nivel de solvencia del 9% para todos los bancos españoles, que hasta ahora solo se exigía para los bancos sistémicos (los más grandes, y cuya quiebra podría poner en peligro a todo el sistema financiero).