La Conferencia Episcopal llamó ayer a la insumisión de políticos y médicos católicos ante la futura ley del aborto, que supone, a su juicio, 'un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta'. En un durísimo documento, titulado Atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en derecho, los obispos asumieron que, frente a 'las leyes injustas, que llaman derecho a la violación del derecho fundamental a la vida, es legítima la objeción de conciencia'.

No sólo eso. De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, sostienen, 'ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla [la ley] ni darle su voto. Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón'. 'Esperamos que este anteproyecto no se lleve a cabo', añadió el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino.

El prelado insistió en que, si finalmente la ley sale adelante, los católicos no deberían cumplirla, por ser 'radicalmente injusta'. En opinión de la Iglesia, la única opción posible es la desobediencia.

Cuestionado por la futura regulación de la objeción de conciencia en la Ley de Libertad Religiosa, que dará prioridad a los derechos colectivos frente a los individuales, Camino insistió en que 'si esto se acepta, las medidas que se tomen en ningún caso serán justas' y, por tanto, no deben obedecerse. Esto es: no se puede imponer por ley que los profesionales sanitarios participen en un aborto, aunque ello supusiera que no se pudiera practicar la interrupción del embarazo.

De hecho, el documento de los obispos establece con claridad que 'la inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es de por sí una grave enfermedad. Abortar nunca es curar'.

Para los obispos, 'es necesario reconocer y agradecer el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano'.

Los obispos también acusaron al Gobierno de instrumentalizar la educación al servicio de la interrupción voluntaria del embarazo. Tras la norma, en opinión de Camino, se esconde 'una estrategia de formación en la salud sexual y reproductiva en todo el sistema educativo'. 'El Estado no puede imponer ninguna moral', añadió. La consideración del aborto como un derecho supone para la Iglesia 'una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia, que vicia todoel texto'.

Diputados de distintos grupos contestaron ayer a los obispos. La mayoría coincidió en recordarles que las leyes pertenecen al ámbito político y que es el Parlamento quien dicta las normas.

El portavoz socialista en el Congreso, José AntonioAlonso, fue uno de los más tajantes: 'En el ámbito de lo público la única moral posible es la Constitución'. El ministro de Fomento, José Blanco, lamentó la 'hipocresía' de los obispos al arremeter contra la ley. Mientras, el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció que votará en contra de la nueva norma, 'pero no porque lo diga nadie'.