El presidente de EE.UU., Barack Obama, realizará una gira por el país para explicar la reforma sanitaria que promulgará este martes, mientras varios estados preparan querellas sobre la constitucionalidad de la iniciativa.

Según la Casa Blanca, el mandatario firmará mañana la mayor reforma sanitaria de EE.UU. desde 1965, aunque el proceso legislativo no quedará completado hasta que el Senado apruebe el paquete de modificaciones finales al proyecto de ley, lo que podría ocurrir esta misma semana.

Tras la promulgación, Obama tiene previsto iniciar una campaña de concienciación en el país para "vender" la reforma a la opinión pública, de cara a los comicios legislativos de noviembre próximo.

El jueves viajará, como primer destino, a Iowa, "la ciudad donde comenzó en mayo de 2007 la campaña de las bases en favor de una reforma sanitaria", dijo hoy su portavoz, Robert Gibbs.

Los fiscales generales de al menos una docena de estados han anunciado que preparan querellas acerca de la constitucionalidad de la iniciativa aprobada anoche por la Cámara de Representantes.

"La legislación sobre sanidad que el Congreso aprobó anoche es un asalto contra la Constitución", sostuvo el fiscal general de Carolina del Sur, Henry McMaster

"El desafío legal por parte de los estados parece ser la única esperanza para proteger al pueblo estadounidense de este ataque, sin precedentes, contra nuestro sistema de Gobierno", apuntó.

Por su lado, el fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, informó que presentará una querella a nombre de su estado en desafío de lo que calificó como "un exceso inconstitucional" de la legislación de sanidad.

"Virginia está en una situación única que le permite presentar una querella tal, dado que es el único estado que, hasta ahora, ha aprobado una ley que protege a sus ciudadanos del mandato, impuesto por el Gobierno, para que contraten seguro médico", señaló.

La reforma amplía la cobertura médica a 32 millones de estadounidenses para 2019, pretende reducir los costos del cuidado de salud, e impone más exigencias a las aseguradoras.

Tras la promulgación del proyecto de ley, el Senado debatirá durante 20 horas el paquete de enmiendas con la idea de votarlo antes del receso de dos semanas por Pascua que comienza el viernes.

Una vez finalice el proceso parlamentario y Obama promulgue los cambios, la reforma sanitaria se pondrá en marcha, aunque no todos los puntos serán de aplicación inmediata.

La prohibición de que las aseguradoras puedan rechazar la cobertura de personas con enfermedades previas, por ejemplo, tardará en aplicarse seis meses, en tanto que la obligación de que algunas empresas ofrezcan cobertura a sus empleados no entrará en vigor hasta el 2014.

En el Senado, el plan de enmiendas se votará en un proceso de "reconciliación", reservado a asuntos presupuestarios y que impide un bloqueo de la oposición. Así, los demócratas sólo necesitarán mayoría simple, 51 votos, para ratificarlo.

Este segundo proyecto de ley, de 152 páginas, contiene las modificaciones a la reforma que aprobó el Senado el pasado 24 de diciembre y que fueron prometidas a los demócratas reacios en la Cámara baja.

La iniciativa amplía los subsidios a familias pobres para la compra de un seguro, incrementa los impuestos para los más ricos y elimina los elementos "edulcorantes" prometidos a ciertos senadores a cambio de su voto.

La reforma tendrá un costo de 940.000 millones de dólares en una década, pero reducirá el déficit federal en unos 138.000 millones de dólares en ese mismo período, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Nueve millones de latinos se beneficiarán de esta reforma, que prohíbe que las aseguradoras nieguen cobertura a quienes se enfermen o padezcan de condiciones médicas pre-existentes.

La oposición republicana ha prometido continuar sus esfuerzos para descarrilar la reforma: cualquier minúsculo cambio al plan de enmiendas obligará a otra votación del mismo en la Cámara de Representantes.

Para aplacar la rebelión de demócratas antiabortistas, Obama ofreció una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos públicos para el aborto, salvo en casos de violación, incesto, o si peligra la salud de la madre, como ya lo establece una ley federal.