Nueva Rumasa captó 146,63 millones de euros en dinero en efectivo o "B" que no pasó por Hacienda, los primeros pagos a los inversores se abonaron de forma piramidal y en su venta se "podría haber firmado un acuerdo privado para repartirse los beneficios que se lograran de la liquidación del grupo".

Así dice el auto al que ha tenido acceso Efe del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que se acuerda el levantamiento del secreto parcial de la causa de Nueva Rumasa, el conglomerado de empresas que se investiga en relación a la 13 emisiones de pagarés que afectan a 4.110 inversores, a las que destinaron 337,37 millones.

Sin embargo, los listados detectados en los que figuran nombres en clave para identificar a los inversores, tanto en Jerez de la Frontera (Cádiz) como en Madrid, hacen sospechar que probablemente hubo ciertas cantidades entregadas en dinero en efectivo o en "B", y por lo tanto no fueron declaradas debidamente ante la Hacienda Pública.

La investigación policial recoge un total de 716 nombres de diferentes "clientes" o inversores, y un montante efectivo líquido invertido por este concepto, que ascendería a 146,63 millones.

El auto refleja que la mayoría de las empresas de Nueva Rumasa son propiedad de otras compañías domiciliadas en el paraíso fiscal de Belice controladas por la familia Ruiz-Mateos a través de testaferros como Zoilo Pazos Jiménez, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado o Rufino Martín-Maestro.

Pero junto a Belice figuran otros paraísos fiscales en los que la familia ha también ha mantenido actividades empresariales, como Panamá, Islas Vírgenes y Antillas Holandesas, así como los vínculos de las empresas de Nueva Rumasa con Andorra o Suiza, "donde al parecer se encuentra la famosa 'hucha' de los Ruiz-Mateos".

Ante la "situación de extrema falta de liquidez", provocada por una gestión de caja de las empresas por parte de la familia, los Ruiz-Mateos "idearon la emisión de pagarés", según recoge el auto.

Pero el resultado "les sobrepasó, dada la enorme demanda que generaron y a sabiendas de la complicada situación en la que se encontraban sus sociedades y de las enormes dificultades que tendrían el día de mañana para poder responder a los intereses y el principal invertido".

En un principio, pudieron cumplir con sus obligaciones respecto a los intereses y la devolución del principal, "muy probablemente gracias a un efecto piramidal"; los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones y cuando llegaba la fecha de recuperar el principal eran convencidos para reinvertir, según el auto.

Bardajera, la sociedad que gestionaba la caja única oficial de Nueva Rumasa, recibió desde su constitución y hasta el 15 de abril de 2011 más de 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, gran parte de ellos procedentes de los inversores de pagarés, según las investigaciones que recoge el auto.

Este dinero sirvió para inyectar liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, devolver parte de los intereses de los pagarés que iban venciendo, pagar las hipotecas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos y para aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia y para mantener su alto nivel de vida.

Además, desde las cuentas de Bardajera se sacaron en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.

Según figura en el auto, tras la "caótica situación de Nueva Rumasa, decidieron recurrir a Ángel de Cabo, propietario de una empresa especializada, "al parecer en reflotar o en su caso liquidar" sociedades que se encuentran en situación de crisis, quien en septiembre adquiere numerosas empresas de Nueva Rumasa.

El texto recoge que Ángel de Cabo Sanz "podría haber firmado un acuerdo privado con José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada en el que se repartirían los beneficios que pueda obtener Ángel de Cabo de la liquidación de las empresas del grupo.

En este sentido, detalla que del beneficio neto obtenido se repartirían un 80% para la familia y un 20 % para Ángel de Cabo, según las "líneas maestras" señaladas a Ángel Francisco Sutil y que figuran en un documento aportado por él.

El auto indica que "según se refleja en el documento aportado" por Sutil, Ángel de Cabo "no sólo trataría de obtener el máximo beneficio de la liquidación de las empresas, sino que no haría frente a las deudas de las sociedades respecto de sus inversores".

Además, "pagaría un sueldo mensual al cabeza de la familia Ruiz-Mateos y a sus hijos varones, hasta el momento en que finalicen las operaciones judiciales, civiles y procesos laborales o administrativos que afecten a las empresas adquiridas por éste.

El auto acuerda citar el próximo 1 de marzo en calidad de imputados a Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, por su presunta participación en los hechos que se investigan, mientras que tomará declaración en calidad de testigos a José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa, Pere Varias Font, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado y Rufino Martín-Maestro.