La Convención Internacional de la ONU para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre y ratificada por España, ha puesto sobre la mesa una nueva posibilidad para que las víctimas del franquismo reclamen, por la vía del derecho, la investigación de estos crímenes.

La asociación Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo ha vuelto a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investigue las desapariciones que se produjeron en 1936 en el Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), al considerar que el tribunal es competente para abrir un procedimiento por estos hechos debido a la entrada en vigor de la convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.

El colectivo ha presentado este lunes un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que defiende su competencia para abrir un procedimiento judicial sobre estos hechos -tal y como hizo su antecesor, Baltasar Garzón, que por esta actuación será juzgado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación-, y recurre su decisión de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera.

El recurso, elaborado por el abogado Fernando Magán, recuerda que el pasado 23 de diciembre entró en vigor en España la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que recoge que 'la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad' al tratarse de 'un delito imprescriptible, inamnistiable y no susceptible de ser considerado delito político'.

Según el colectivo, los hechos tienen conexión con las desapariciones producidas en toda España

Tras recordar que los hechos del Cortijo El Marrufo 'no han sido esclarecidos judicialmente', la asociación señala que el artículo 20 de la Convención establece que el Estado parte garantizará a los allegados de la persona privada de libertad 'el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en esa disposición'. 'Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circuntancia', añade.

A su entender, esta disposición impone a la Audiencia Nacional 'la obligación de continuar practicando diligencias' para esclarecer estos hechos, que la asociación enmarca en 'un plan único, preconcebido y sistemático' llevado a cabo por el general Franco y los sublevados para 'destruir las instituciones del Estado y ocasionar el exterminio radical de una parte importante de la población nacional española, como solución final a la democracia entonces vigente'.

Según la asociación, los hechos del Cortijo El Marrufo constituyeron 'una bárbara masacre' contra hombres, mujeres y niños que intentaban alcanzar una zona segura en la provincia de Málaga y fueron interceptados por tropas mercenarias que cruzaron el Estrecho y se adentraban en el territorio peninsular. Según las cifras manejadas por este colectivo, estos hechos tendrían conexión con las desapariciones que se produjeron en toda España durante la Guerra Civil, que se elevarían a un total de 156.232.