Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día' del viernes 9 de febrero de 2018

El diario británico The Times ha revelado que tras el terremoto que arrasó Haití en 2010, 7 miembros de Oxfam en ese país contrataron a prostitutas, algunas de ellas menores de edad, según la cabecera británica. Entre ellos se encontraba su director en Haití. Además, pagaron con fondos de la propia ONG, que en 2011 abrió una investigación que determinó la “cultura de impunidad” desarrollada. Cuatro de los trabajadores involucrados dimitieron y los tres restantes fueron despedidos.

Que el personal de una ONG se vea involucrado en escándalos sexuales contra las personas a las que iban a ayudar, deja en evidencia los mecanismos de control de la propia ONG.

Pensiones privadas

El presidente Rajoy lo anunció ayer en el Foro ABC y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la medida para que los planes de pensiones sean posibles de liquidar a los 10 años de aportación. Esta medida se suma a la lista de iniciativas y declaraciones del Gobierno para impulsar planes privados en nuestro país.

Las declaraciones de Rajoy no serán las últimas sobre el futuro de las pensiones. La sostenibilidad de estas y la forma de combinar pensiones públicas y privadas han generado debate.

Presidente simbólico

El riesgo de normalizar la regresión en los derechos de los ciudadanos ha sido una de las advertencias del informe que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, le ha dado al presidente del Parlament, Roger Torrent. Ha pedido respeto y diálogo a todos los cargos políticos y ha criticado la desproporción penal que sufren los líderes catalanes encausados por el referéndum. Denuncia que con la ley mordaza, se vulneran derechos como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación.

Con la investidura catalana detenida, el Gobierno sigue cada paso del independentismo, que se debate entre la voluntad de reconocimiento de Puigdemont y la oposición de ERC a acciones que tengan consecuencias penales.

El otro lado de la corrupción

El exdirector de Desarrollo e Innovación de Cofely, Constantino Álvarez, confirmó ayer ante la Audiencia Nacional la versión de su subordinado, Pedro García, acerca de la práctica institucionalizada de la multinacional de pagar sobornos a cargos públicos a cambio de contratos de eficiencia energética. Ambos afirmaron que la empresa redactaba los pliegos de los contratos públicos que publicaban ayuntamientos como Móstoles, Collado Villalba, Parla o Valdemoro.

Los últimos acontecimientos en los numerosos juicios por corrupción apuntan a que el muro del silencio que, hasta ahora, daba tranquilidad a los presuntos implicados, se resquebraja.

Ahorro energético

El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, se ha reunido hoy con representantes de diversas ONG. Cañete ha tratado con los ecologistas sobre energías limpias, que, según el Parlamento Europeo, deberían alcanzar el 35% del total en 2030. Acto seguido el comisario Cañete se ha reunido con el presidente de Gas Natural Fenosa.

Seguimos hablando de energía. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se ha hartado de pagar de más por su consumo eléctrico y ha decidido comprar energía en el mercado mayorista. ¿Qué significará esta decisión para sus vecinos?

¿Un Franco a la cárcel?

El nieto del dictador Francisco Franco podría ir a la cárcel. El Juzgado de lo Penal de Teruel lo condenó ayer a 30 meses de prisión. Francis Franco huyó de una patrulla de la Guardia Civil el 30 de abril de 2012, y para ello embistió al coche oficial lesionando a un agente. Se le condena por atentado contra agentes de la autoridad, un delito de daños y otro de conducción temeraria y deberá abonar además 18.820 euros en como multas e indemnizaciones y las tres cuartas partes de las costas del juicio.

La ONU condena a España

El Gobierno español sigue sin responder las demandas de la ONU. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó a España por el desahucio de una familia con menores, sin recursos y sin alternativa habitacional en 2013. En junio de 2017, daba 6 meses a España para rectificar y reparar a la familia, así como para adoptar medidas legislativas que eviten estas situaciones. Cumplido ya el plazo, el gobierno reenvió la misma documentación que en marzo de 2017.

Como cada viernes, hace un repaso semanal a lo más polémico en las redes sociales nuestro compañero, responsable de Tremending, Christian González.