Las empresas españolas, especialmente las grandes multinacionales, no tendrán que devolver los beneficios fiscales generados por las compras de otras compañías extranjeras, aunque la Comisión Europea llegue a declarar ilegal la normativa que regula tales deducciones. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que viajó a Bruselas con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, para tratar este asunto con la comisaria encargada de Competencia, Neelie Kroes.

Hace dos años, Bruselas abrió un expediente contra una medida fiscal puesta en marcha en 2002 por el PP para impulsar la internacionalización de las empresas españolas y que el Gobierno ha mantenido. Técnicamente, se conoce como la deducción del fondo de comercio financiero y consiste en que la empresa puede desgravarse durante 20 años en el Impuesto sobre Sociedades la diferencia entre el precio pagado por la compra de una empresas extranjera y su valor en libros.

De esta deducción se ha beneficiado el grueso de las operaciones internacionales realizadas por empresas como Altadis, Abertis, Telefónica, Sacyr, Santander, Ferrovial, Acciona, Cintra o Iberdrola y también por muchas pymes. Las operaciones más llamativas que se han aplicado este beneficio fiscal han sido la compra de la británica O2 por parte de Telefónica y la de la eléctrica Scottish Power por parte de Iberdrola. Fue precisamente tras estas compras cuando se produjeron las denuncias de otros países europeos que han dado lugar al expediente de la Comisión.

Salgado y Kroes acercaron ayer posiciones sobre este asunto. Tras la reunión, la vicepresidenta aseguró que habrá un acuerdo con Bruselas. Por su parte, fuentes de Competencia aseguraron que 'la reunión fue muy constructiva', aunque evitaron esclarecer las condiciones de la decisión, que podría conocerse antes de final de mes.

Según otras fuentes, Bruselas declarará que el incentivo fiscal es una ayuda de estado incompatible con la normativa comunitaria, pero no obligará a devolver las ayudas.