La campaña emprendida por el Partido Popular contra TVE, confesada esta semana por la propia secretaria general del partido conservador, María Dolores de Cospedal, ha puesto en el punto de mira el modelo de televisión pública tanto estatal como autonómica que existe en la actualidad en España. Ambas fórmulas tienen en común la vocación de servicio público con la que fueron constituidas, pero su posterior desarrollo y su modelo de gestión han evolucionado de manera distinta.

El primer punto en el que ahora se diferencian la televisión pública estatal y la autonómica es en su modelo de financiación. Tal y como recuerda Silvia García Malsipica, directora del gabinete técnico del presidente de RTVE, Alberto Oliart, el modelo que rige en la Corporación es una financiación basada en aportaciones públicas, a las que hay que sumar la de las privadas y la de los operadores de telecomunicaciones. Frente a esta opción que ha eliminado de la parrilla la publicidad, las autonómicas continúan con el sistema mixto que tuvo durante décadas RTVE, que se basa en las ayudas públicas y los ingresos procedentes de los anuncios.

Por tanto, las autonómicas compiten con las cadenas comerciales por una porción de pastel publicitario y se enfrentan a la dificultad que implica su área de emisión. Según destaca Enrique Laucirica, secretario general de la Federación de organismos de radio y televisión autonómicos (FORTA) 'el hecho de que cada televisión autonómica se dirija a un ámbito reducido dificulta la rentabilización de sus emisiones'.

Pero las diferencias entre ambos sistemas no se limitan a su modelo económico, sino también a su organización interna. El catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Bustamante, que también fue miembro del comité de sabios que asesoró al Gobierno sobre RTVE, considera que Televisión Española ha hecho 'una reforma democrática' a la altura de sus colegas europeos, mientras que muchas autonómicas no la han afrontado, 'salvo TV3 y parcialmente Canal Sur'.

Esta reforma democrática se basa en la designación del presidente por el Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios de la Cámara; en un sistema de financiación 'transparente' y mayoritariamente público; y en un contrato programa 'negociado con el Parlamento donde se especifiquen las misiones de servicio publico básicas'.

La fórmula de designación tanto del presidente como del Consejo de Administración y el hecho de que este órgano tenga competencias ejecutivas implica, para García Malsipica, que exista 'mayor independencia, mayor objetividad y mayor pluralismo a la hora de tomar cualquier decisión que afecta a la Corporación'.

Frente a esta línea de actuación, Bustamante confronta 'la hipoteca de las autonómicas', que ha sido 'calcar el peor modelo de TVE durante años', y no haber sido capaces de copiar 'la reforma democrática' de Radio Televisión Española. 'Esto significa que sigue habiendo casos de manipulación brutal a partir del control absoluto del Gobierno autonómico en el nombramiento no solo del director general, sino de toda la cúspide de gestión', apunta Bustamante, quien destaca que hay casos de esa 'manipulación histórica' en los dos partidos. Además, pone como ejemplo a Telemadrid y Canal Nou, que 'superan todos los récords habidos y por haber de manipulación objetivable'. 'Estamos hablando de casos que casi nos retroceden a tiempos del franquismo', resalta.

Sin embargo, Laucirica indica que las televisiones públicas son 'los organismos públicos más controlados por las distintas instancias de control con las que cuentan' y considera que este tipo de cadenas 'están permanente cuestionadas', no sólo por las instancias políticas, sino también por los competidores, 'que utilizan cualquier argumento para atacar a la televisión pública'.

La campaña electoral por las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo aviva el debate sobre la pluralidad de los canales públicos. En el caso concreto de las acusaciones lanzadas por el PP contra RTVE, Bustamante considera que este partido 'está actuando a reflejo de la tradición histórica previa a la reforma de RTVE'. 'Las acusaciones de manipulación fundadas o infundadas servían como elemento de chantaje y presión sobre la redacciones y los profesionales de los medios públicos', señala este profesor universitario, para quien lo más curioso es que los conservadores 'no utilicen los cauces reglamentarios y establecidos' como el consejo de informativos para hacer sus críticas, y lo haga a través de los medios de comunicación.

En su opinión, esta actitud lleva a la sospecha de que 'está intentado chantajear a los profesionales de Televisión Española para atemorizarles y obligarles a un tratamiento más favorable a los intereses del PP'.

El futuro de la financiación de RTVE está pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo después de que la Comisión Europea denunciase a España por la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para contribuir a la financiación de la Corporación. En lo que respecta a las autonómicas, el debate sobre su futuro se centra en su posible privatización, operación que el Partido Popular quiere llevar a cabo. Independientemente de su modelo de financiación, la labor de las cadenas públicas pasa por 'promover los valores cívicos y constitucionales, defender el conocimiento de las artes y las ciencias, promover la difusión de las producciones culturales españolas, ofrecer acontecimientos de todo tipo y velar para que encuentren su sitio todas las minorías', tal y como destaca Silvia García Malsipica, directora del gabinete técnico del presidente de RTVE.