La reproducción asistida en España es un derecho que tiene 'toda mujer mayor de 18 años con plena capacidad de obrar (...) y con independencia de su estado civil y orientación sexual'. Así lo establece el artículo 6 de la Ley de Reproducción Humana Asistida del 26 de mayo de 2006 y a él se han agarrado con uñas y dientes una pareja de mujeres lesbianas, Andrea Muñiz y Silvia García, a quienes esta semana les fue negada esta asistencia en un centro público de Asturias.

También Sonia Padilla, de 34 años, tuvo que pasear los artículos de esta ley por varios despachos de su centro de salud en Leganés (Madrid) para que la Seguridad Social financiara su tratamiento de inseminación artificial. Ahora, esta madre soltera de un niño de casi dos años se considera una 'mujer afortunada' y ya está pensando en ampliar la familia.

La reproducción asistida es gratis en casos probados de infertilidad

'Siempre tuve claro que quería ser madre y cuando cumplí los 30 vi que la idea de tener una pareja y formar una familia se iba deshaciendo', cuenta Sonia, que encontró toda la información y el apoyo para emprender su aventura en solitario en la Asociación de Madres Solteras por Elección. El primer obstáculo se lo encontró en la consulta de su médica de familia, que le dijo que 'no cumplía los requisitos del protocolo' para recibir el tratamiento. Ella, con la Ley de Reproducción Humana Asistida bajo el brazo, mandó cartas a los servicios de atención al paciente de cada departamento del centro de Salud que le negaba el tratamiento y también al Hospital de Leganés. En agosto de 2009, tras siete meses en lista de espera y un intento fallido, nació su hijo David. 'Sabía que tenía razón y por eso protesté hasta el final. Tengo el mismo derecho a ser madre que cualquier mujer y pago suficientes impuestos como para recibir este tratamiento', cuenta Sonia.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se ha afanado esta semana en repetir que el Sistema Nacional de Salud 'no discrimina' a las mujeres lesbianas ni a las que no tienen pareja. Todas tienen derecho a la reproducción asistida, pero no todas cumplen los requisitos para que la Seguridad Social costee su proceso de inseminación. El Real Decreto 1030/2006 del 15 de septiembre de 2006, que fija la cartera mínima de prestaciones del sistema de salud, establece que la reproducción humana asistida sólo se financiará públicamente 'cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida'.

Pajín: 'El Sistema Nacional de Salud no hace ninguna discriminación'

Esta definición ha dejado la puerta abierta a las autonomías para que, independientemente de su color político, sigan la normativa a rajatabla, como es el caso de Asturias, Catalunya o Murcia, o bien amplíen esos servicios a mujeres solas o parejas lesbianas, como Andalucía, Extremadura, País Valencià, Castilla-La Mancha, País Vasco o Balears. Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) la 'ambigüedad' del real decreto fomenta un 'trato discriminatorio' fruto del 'machismo y la lesbofobia', sentencia el presidente de este colectivo, Toni Poveda.

'Entendemos que se prioricen casos en los que el niño pueda nacer con un problema de salud, pero no puede ser que se excluya de las listas de espera a lesbianas o a mujeres solas', insiste Poveda, que añade que estos problemas no existían hace cinco años.

Asturias, Catalunya y Murcia negaron el tratamiento a parejas gays

Un portavoz del Ministerio de Sanidad apunta que este cambio de tendencia en algunas comunidades puede deberse a la crisis, que está obligando a los centros públicos a controlar el gasto y, por tanto, a ajustarse al catálogo común de prestaciones. Aun así, Sanidad insiste en que 'el derecho universal a la reproducción asistida no tiene nada que ver con que sea gratis'. 'Ser madre no es un problema médico que tengan que pagar los impuestos de los españoles', explica el ministerio.

Una inseminación artificial cuesta al Estado alrededor de 3.000 euros, según datos de la FELGTB. Las personas que encabezan las listas de espera son parejas con un diagnóstico clínico de infertilidad o con problemas médicos: desde mujeres que tienen una trompa de falopio obstruida hasta parejas en las que uno de los miembros es portador del virus del sida.

Rubén Lodi, portavoz de la asociación Arcópoli, que defiende los derechos del colectivo LGTB, afirma que 'si de lo que se trata es de priorizar a las parejas que tienen un déficit para tener hijos, las parejas de lesbianas cumplen este requisito porque tienen un problema claro de infertilidad'. Lodi señala que esa contradicción entre la ley y el decreto que regula las prestaciones gratuitas de la Seguridad Social es uno de los tantos 'resquicios legales' que aún hoy permiten que se produzcan 'actos claros de discriminación por razón de orientación sexual'.

'Pago impuestos para recibir esta asistencia', dice una madre soltera

La Fundación Triángulo coincide con este diagnóstico y advierte de la paradoja en la que vive el colectivo gay. 'Por un lado, podemos casarnos y ser considerados familia, pero no tenemos derecho a formarla', denuncian desde la asociación.

Pajín, que el pasado miércoles, dos días después de hacerse pública la polémica en Asturias, se reunió con los miembros de la FELGTB, anunció que analizará estos 'casos de desigualdad' en la próxima comisión de prestaciones del ministerio con las comunidades autónomas. La Federación espera que el ministerio encuentre una solución que garantice que 'cualquier mujer tenga acceso a la maternidad'. De no ser así, señaló Poveda, la FELGTB no descarta convocar movilizaciones.

La FELGTB critica la desigualdad por 'machismo y lesbofobia'

Sonia no tenía prisa por ser madre y decidió esperar en la lista de la Seguridad Social, pero su perfil no es el mayoritario. Precisamente, la premura es lo que, finalmente, obliga a las mujeres lesbianas y a las heterosexuales que no tienen pareja a recurrir a la sanidad privada para llevar a cabo los tratamientos de reproducción asistida.

'Cuando quieres ser madre, quieres serlo ya', cuenta Gema, madre de dos hijos nacidos por inseminación artificial. Por eso, ella y su mujer, Lucía, acudieron como primera opción a la sanidad privada. 'Ni siquiera nos planteamos hacerlo por la Seguridad Social, creíamos que no lo cubrían', cuenta Gema por teléfono desde Orba (País Valencià).

El tratamiento les costó 1.000 euros. Primero, se inseminó Lucía, que se quedó embarazada a la primera. Se casaron de penalti y en enero de 2009 nació Simón. A los dos meses, cuando Lucía todavía se recuperaba del parto, Gema acudió a la misma clínica para empezar su inseminación. Chloe nació en julio del año pasado. 'No queríamos esperar mucho tiempo a tener el segundo hijo. Alguna ventaja tenía que tener ser una pareja de mujeres', bromea Gema.