Una misión internacional organizada el mes pasado por ONG sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia denuncia en sus conclusiones preliminares la "impunidad casi absoluta" de la que se benefician los militares o fuerzas del orden a los que se atribuyen esas muertes.

Uno de los trece componentes de esa misión, la periodista francesa Françoise Escarpit, señaló hoy que han podido constatar "un número elevado de ejecuciones extrajudiciales", que sin duda han sido más de 955 entre julio de 2002 y junio de 2007, de acuerdo con los cálculos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que organizó la visita entre el 4 y el 10 de octubre.

Escarpit, que dio cuenta en conferencia de prensa en París organizada por Francia América Latina (FAL) de alguno de los puntos del informe preliminar, destacó que de los 132 casos examinados sobre el terreno, en la mayor parte se ha podido observar el mismo modo operativo.

Eso le llevó a decir que esas ejecuciones cometidas por el ejército o las fuerzas del orden forman parte de un sistema "organizado al nivel más elevado", y que "es el ejército el que hace la ley".

La periodista reveló que militares con los que se entrevistaron algunos de los 13 miembros de la misión les contaron que las bonificaciones que reciben por los resultados en la lucha contra la guerrilla -según un decreto de mayo de 2005- incluyen "primas de incitación" para matar guerrilleros.

Y añadió que "para hacer número" se cometen asesinatos de personas que nada tienen que ver, pero cuya muerte se maquilla como si se hubiera producido en una confrontación con la guerrilla.

Esos son los conocidos como "falsos positivos", en alusión al término de "positivo" utilizado por el ejército para referirse a un guerrillero muerto en combate.

El informe contiene una serie de recomendaciones, entre ellas una en particular dirigida a la comunidad internacional: condicionar la ayuda militar a Colombia al fin de las ejecuciones extrajudiciales.

Al Gobierno colombiano le piden que sean expertos independientes los que investiguen los casos sospechoso de ser ejecuciones cometidas por las fuerzas del orden o del ejército, y que de la instrucción se ocupe la justicia civil, y no magistrados militares como ocurre ahora, al menos hasta que no se determine que fue un combate.

También quieren que en el reconocimiento de los muertos, los forenses apliquen los protocolos internacionales para facilitar el acceso de las familias a los cadáveres, que con mucha frecuencia se entierran como desconocidos.

"El problema no es de falta de medios, sino de falta de voluntad política", se quejó Escarpit.