Ernesto Ráez Luna es un político, ecólogo y escritor peruano. Hasta hace unos días trabajaba como asesor de alta dirección en el Ministerio del Ambiente de Perú (país que será sede de la Cumbre del Clima 2014 este diciembre), puesto que dejó por discrepancias con las políticas ambientales actuales.

En 2008, recibió el Premio Whitley para la Naturaleza por su trabajo de conservación de la cuenca del río Tambopata, una de las mayores concentraciones de biodiversidad de la Tierra. Ha trabajado durante años en la lucha contra la minería ilegal de oro en su país, y ha contado a Sinc, durante la conferencia EcoHealth2014 en Montreal (Canadá), cómo ha afrontado este y otros retos ambientales. 

¿En qué proyectos trabaja actualmente para acabar con la minería ilegal?

Ahora mismo estoy de vacaciones, (risas). Pero sí, en cuanto regrese a mi país con toda seguridad volveré a trabajar en este problema desde la sociedad civil, que es desde donde empecé a ocuparme del tema. El escenario de la minería ilegal en Perú ha cambiado mucho gracias al trabajo que hicimos en el gobierno. Ahora tenemos una cantidad enorme de instrumentos legales para forzar al estado a atender su complejidad. Para que te hagas una idea, la minería ilegal de oro genera más beneficios que el narcotráfico.

¿Cómo saben que es mayor que el tráfico de drogas?

Por el trabajo que realizó una consultora, Macroconsult, que comparó la producción de oro declarada y la exportación. Ahí se vio que hay una tremenda brecha entre una cosa y la otra.

¿Qué es lo que ha cambiado en estas políticas?

Existe una estrategia integral de aplicación de la ley e intervención de la fuerza pública que está relacionada con la incorporación de los verdaderos mineros artesanales y pequeños productores. Se trata de crear un proceso y un sistema mucho más limpio. Uno de los proyectos que tenemos en marcha en estos momentos es con Suiza. Se denomina Better Gold Initiative y establece una cadena de valor entre compradores suizos de muy alto nivel y productores certificados artesanales en Perú, formando una cadena muy sólida.

Otra de las tragedias de este tipo de minería es su impacto medioambiental. ¿Qué consecuencias está teniendo?

El enorme desafío está en la restauración ecológica, por todo lo que se ha destruido. Lleva asociada problemas de deforestación, pero de una forma devastadora. Es decir, no es la misma que puede provocar un agricultor, o la que causa un talador ilegal. Lo que queda detrás de esta minería no es un ecosistema degradado, sino tierra estéril sobre la cual no crece absolutamente nada, y además es tóxica.

¿Cuáles son los problemas que acarrea esta toxicidad?

Los metales pesados movilizados por los mineros ilegales van al agua, se incorporan al ciclo ecológico, a la cadena trófica y eventualmente llegan a las personas. Esta toxicidad producida por mercurio y plomo afecta principalmente a las poblaciones indígenas, que son las que comen más pescado –donde se acumula el mercurio–. No les puedes decir que dejen de comer peces, pero desgraciadamente ese pescado está contaminado.

Además del gobierno, ¿qué otros grupos colaboran con esta lucha?

Trabajamos también con un grupo muy grande de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de investigación, como el Instituto Carnegie de la Universidad de Stanford, que es uno de los que aportó información más valiosa. Pero también están las empresas, como la consultora que hizo la evaluación del sector minero y descubrió la importancia de la minería ilegal en la economía.

¿Este mismo problema es extensible a otros lugares del planeta?

Es un problema mundial y definitivamente amazónico. Todos los países de la cuenca del Amazonas tienen minería ilegal de oro en mayor o menor grado, y por ese motivo, tanto en la Comunidad Andina –formada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia–, como en la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica se han pasado resoluciones para colaborar entre países para tratar el problema de la movilización y el lavado de dinero a través del oro. Se sabe muy bien que los narcotraficantes están lavando sus ganancias a través de este metal precioso, que es mucho más fácil de tributar y producir, en realidad.

La vigésima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) tendrá lugar en su país, en la ciudad de Lima, este diciembre. ¿En qué han estado trabajando en el Ministerio del Ambiente de Perú?

Hace unos días que renuncié a mi puesto en el Ministerio, pero por supuesto que te puedo contar en lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Lo más importante es la necesidad general de que como resultado de la COP20, en mayo del próximo año haya un borrador del nuevo acuerdo global, por el cual el mundo va a tratar de reducir sus emisiones y atender el cambio climático.

¿Qué tendrán que avanzar en Lima para que esto sea una realidad?

Mucha gente, especialmente la sociedad civil, está esperando que en Lima se progrese en términos de la ambición de mitigación, es decir, en la reducción de emisiones antes de 2020, previo al nuevo acuerdo global. El Protocolo de Kioto sigue vigente en lo que se denomina segundo periodo de cumplimiento, pero no tiene ningún sentido quedarse con una mano encima de la otra en medio de la urgencia.

En todo el mundo están de acuerdo con la urgencia, pero parece que se progresa poco en estas cumbres...

El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha conducido a una todavía más clara sensación de dicha urgencia. Estamos yendo por muy mal camino. La velocidad con la que se está produciendo el cambio climático es mayor que la que estaba prevista incluso en los modelos más pesimistas. Casos de tiempo extremo estamos sufriendo en todas partes. En esta COP20 los países se han obligado a presentar los elementos de la información que proveerán para comprometerse a nivel nacional en reducción de gases de efecto invernadero. Alrededor de este tema girará parte de la negociación y las mayores trabas.

¿Qué países presentan mayores reticencias?

Como estarán obligados a expresar de forma más concreta sus compromisos de reducción de emisiones, ahí entra el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas, uno de los principios líderes de la convención. Es decir, algunos países están esperando a ver qué financiación tienen para decir lo que van a hacer. Sería el grupo de los no industrializados. Mientras que los industrializados, que son los que tienen que pagar la factura, están diciendo exactamente lo contrario: tú primero dime lo que vas a hacer y demuéstrame un cierto compromiso y entonces yo te ayudaré con el dinero que pueda.

¿Existe solución a estas posiciones enfrentadas?

El mundo ha cambiado bastante en los últimos 20 años. Hay un grupo importantísimo de países emergentes que están incrementando de manera muy importante sus emisiones. Ya no son países no industrializados en términos de emisiones, y hay mucha presión para que asuman la responsabilidad que les toca. Alrededor de eso hay un fortísimo nudo.

Por su parte, la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo, pero no encuentra precisamente solidaridad en el resto del mundo, particularmente en el industrializado. EEUU está planteando un importante esfuerzo, pero fuera de un protocolo y de las negociaciones. Eso hace muy difícil coordinar esfuerzos. Es un panorama muy complejo.