Miles de manifestantes marcharon el sábado por las calles de varias ciudades de España para protestar contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y para defender al juez Baltasar Garzón, que tiene una causa abierta en el Tribunal Supremo por investigar estos delitos sin competencia.

Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros miembros de su Gobierno de la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posguerra, en un proceso en el que autorizó la exhumación de fosas comunes, aunque luego se inhibió ante los tribunales provinciales para que estos decidieran.

Falange, Manos Limpias y Libertad e Identidad acusan a Garzón de investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no era competente para instruir el caso y conocer la prescripción de los delitos y el fallecimiento de víctimas y autores.

Los manifestantes presentes en la marcha afirmaron que las acusaciones contra el juez constituyen un ataque a la independencia judicial.

Las manifestaciones se realizaron en 20 ciudades españolas el sábado, además de en las embajadas españolas de Londres, Dublín, Bruselas, París, México y Buenos Aires.

Entre la multitud en el centro de Madrid se encontraban activistas de derechos humanos, actores, intelectuales, y familiares de víctimas.

"Hay una gran herida en nuestra democracia y hay que curarla", dijo a Reuters el actor Antonio de la Torre, uno de los organizadores del evento.

Una manifestación falangista a unas pocas manzanas del lugar contó con unos 300 partidarios portando una pancarta que decía "Orgullosos de nuestra Historia".

GARZÓN RECUSA AL JUEZ

Mientras, Baltasar Garzón recusó por parcialidad al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, quien instruye la causa en su contra por investigar los crímenes del franquismo, en un último intento por impedir sentarse en el banquillo.

Garzón en un escrito presentado ante el Tribunal Supremo y fechado el 23 de abril, recusa a Varela "por haber manifestado interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo", según el escrito que el diario El País reproduce en su integridad.

previo a decidir si se abre juicio oral o se sobresee la causa - para que éstos pudiera ser admitidos.

"La intervención del excmo. instructor no sólo es material sino que es parcial, por vulnerar de forma clara y decisiva la imprescindible neutralidad e imparcialidad que debe presidir la labor de un instructor", dice la recusación.

Varela dio esta semana un plazo de 24 horas a Falange Española de las Jons y el sindicato derechista Manos Limpias para que subsanaran las irregularidades de sus textos. Transcurrido el plazo, Falange se cayó del proceso por no presentar las modificaciones a tiempo. La formación ha anunciado que va a recurrir su exclusión.

En el escrito de recusación contra Varela, el titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional alega que el juez del Supremo guió a los querellantes y que esto no está recogido en la normativa procesal y es "manifiestamente ajena a las nomas esenciales del procedimiento".

El juez denuncia que Varela incluso indicó a Manos Limpias qué páginas debían eliminar.

El Ministerio Fiscal pidió el jueves al Supremo que no abriera el juicio oral contra Garzón, por considerar que las partes que le acusan no tienen legitimación procesal para ello.

La condena por prevaricación de los funcionarios públicos es de entre siete y diez años de cárcel, y de ser declarado culpable, Garzón podría ser expulsado de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente decidir si suspende o no al conocido magistrado.

Activistas de derechos humanos en todo el mundo lo han elogiado por encabezar el principio de jurisdicción universal, bajo el cual los perpetradores de crímenes como genocidio pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo si las cortes de sus propios países no cumplen su papel fiscalizador.

Garzón tiene abiertos en el Supremo otras dos causas: una por unas escuchas en el caso de corrupción Gürtel y otra por la posible relación entre un dinero que el juez habría recibido del Banco Santander durante su excedencia docente en Nueva York y el archivo de una causa posterior contra su presidente, Emilio Botín.