La consideración de autoridad para los docentes que pretende implantar por ley Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid ya se aplica con regularidad en los juzgados españoles. Este viernes se supo que la Fiscalía de Menores de Ciudad Real ha acusado de un delito de atentado a un menor que propinó un puñetazo a su profesor, por lo que solicita al juez una condena de 15 meses de internamiento en régimen semiabierto.

La agresión se produjo el pasado 13 de noviembre, cuando el alumno aprovechó el momento de la salida del centro para golpear al docente. Se da la circunstancia de que el maestro agredido es, además, director del instituto el IES Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real.

El acusado se encuentra en estos momentos internado en el centro educativo juvenil La Cañada por otra causa judicial, según detalló a los medios de comunicación el fiscal de menores de Ciudad Real, Jesús Gil.

La agresión provocó la inmediata reacción de la Junta de Personal Docente de la localidad manchega, cuyos miembros (los sindicatos de profesores ANPE, CSI-CSIF, STE, UGT y CCOO) convocaron una concentración en la que reclamaron, precisamente, que las agresiones a los docentes se consideren como delito de atentado contra funcionario público. Según el Código Penal, se considera culpable de atentado a quien emplee la fuerza o intimide gravemente a 'la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos'.

En diciembre de 2008, la Fiscalía General del Estado mandó una circular a los fiscales para que considerasen que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales. Desde entonces, es común que las agresiones a profesores se persigan judicialmente como atentado. La relevancia de este caso está en que el acusado es un menor, una situación mucho más excepcional y que cuenta con escasos precedentes.

Por otro lado, ayer se conoció una sentencia emitida por un juzgado de lo penal de Algeciras (Cádiz) por la que se condena a un año de cárcel a la tía de una alumna que agredió a una docente en un colegio público. La agresión tuvo lugar en septiembre de 2007, cuando la condenada se presentó en el centro con la intención de recoger a su sobrina de cinco años. Una vez allí le comunicaron por error que ya se habían llevado a la niña, lo que provocó que se alterase y comenzara a tirar del pelo y a amenazar a una profesora que confundió con la tutora de la menor.

La semana pasada el Gobierno de Madrid aprobó el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, que protegerá a los docentes de la escuela concertada como si fueran autoridad.