Con la mayor subida de la luz desde que comenzó el sistema de subastas, empezará un nuevo año en que los efectos de la pobreza energética alcanzan a más de un 10% de la población española, un 13% en el caso de Catalunya, un aumento de cinco puntos respecto al invierno anterior, cuando se situaba en torno al 8%. La llegada del frío marca el punto álgido de las consecuencias ocasionadas por este fenómeno sin un diagnóstico claro ni una metodología específica de medidas en el país. Un problema que se ha acentuado durante estos últimos años y que afecta a un buen número de personas, que se ven incapaces de pagar la factura energética para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o están obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos -una cifra superior al 10%- para poder hacerlo, según explica Marta García, coordinadora de proyectos de Ecoserveis, una entidad pionera en el estudio de la pobreza energética en España.

'La pobreza energética es un problema oculto, más que nada porque se da a niveles domésticos. Es un fenómeno difuso y disperso y cuesta que las familias lo reconozcan', asegura García, que considera que se ha agravado de forma especial en los últimos años. 'La pobreza energética tiene tres causas principales. La primera es un bajo nivel de ingresos. Ahora mismo, muchas familias han visto perder buena parte de su poder adquisitivo, y, de forma paralela, la pobreza energética aumenta. La segunda causa es el envejecimiento del parque de viviendas. Más del 50% de las viviendas de España están construidas sin ningún criterio de eficiencia energética, y al menos un 16% presentan humedades, goteras o problemas derivados de un mal aislamiento. Y el tercer factor es el precio de la energía. En los últimos cinco años se ha incrementado un 50% el precio de la energía. Cada vez hay más gente que no puede pagar las facturas. Antes era un problema escondido, que se trampeaba como se podía, y ahora afecta a un número mucho más grande de personas'. Un porcentaje que podría ascender al 15%, según las previsiones de la Asociación de Ciencias Ambientales, que presentará un nuevo informe actualizado sobre la cuestión en el primer trimestre del 2014.

Pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno por la ausencia de estadísticas oficiales, diversos estudios evidencian que la pobreza energética se incrementa. El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada, un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas. En 2012 se cortó el suministro a 1.400.000 hogares por no hacer frente a los recibos, un dato que, señala Marta García, viene de una investigación periodística ante 'la dejadez enorme que hay en este ámbito por parte del Gobierno, en general, de las administraciones, a los que no interesa estudiar el impacto en la población, la incidencia en la sociedad. No ha interesado nunca hacer visible el problema. Ahora, al menos, parece que a nivel social está cambiando la percepción de esto'.

En el caso de Catalunya, un 19% de la población ya vivía en 2011 por debajo del límite de pobreza, lo que aumenta su vulnerabilidad en cuestiones energéticas. En los últimos cuatro años ha empeorado la situación, con el aumento del paro, la disminución de los ingresos familiares, el cese de las prestaciones sociales y otros problemas relacionados con la vivienda. Un factor que es 'consecuencia del agotamiento del modelo de expansión inmobiliaria de años anteriores y que ha obligado a a muchas personas a renunciar a una vivienda adecuada', señala un informe de Ecoserveis. En este sentido, en el trienio 2007-2010 se duplicó el número de familias a las que Cáritas paga las facturas energéticas. Unas ayudas que en Barcelona se han disparado un 326% en dos años, tras pasar de 26.816 euros en 2011 a 114.343 este año, una cifra que aumentará pues sólo se ha contabilizado hasta octubre. La responsable del programa Sin Hogar y Vivienda de la entidad, Teresa Bermúdez, opina que el aumento se debe a que cada vez hay más familias afectadas por los impagos de los suministros -se calcula que las empresas suministradoras de gas y electricidad tienen alrededor de un 5% de impagados- y a la creación de una línea específica de ayudas este año.

Además, se trata de un fenómeno global, que afecta a 1.300 millones de personas en países en vía de desarrollo, y a unos 125 millones de europeos. En España, los instrumentos políticos y legales no garantizan el uso y el acceso a la energía a un precio justo, asegura Marta García. Se aplican medidas correctivas de urgencia, por ejemplo ayudas para pagar las facturas, pero que no resuelven el problema ni prevén situaciones futuras. A esto, se añade la falta de voluntad política -ejemplificada en la última subasta de la luz- y la poca transparencia del sector energético, poco diversificado y controlado en un 95% por cinco empresas. Un escenario que permite la regulación de precios y la cantidad y calidad de la producción, lo que deja a la intemperie al consumidor. Y abre la posibilidad de una crisis energética si la tendencia continua. 'Si los precios se fijan como se fijan, se producirá', indica Marta García, que defiende como instrumento de acción contra la pobreza energética el uso de las 'energías verdes', la educación energética y la promoción del autoconsumo. 'Una instalación solar en un edificio de vecinos o en una casa puede estar amortizada en seis o siete años. El coste de instalación está en unos 1.600 euros por cada Kw. Un mayor uso de estas energías ayudaría más a las personas que ayudarlas a pagar las facturas. Pero esto no les hace gracia a las compañías, por eso mismo nos quieren hacer pagar unos peajes por consumir la energía que nosotros mismos hemos generado. Somos el hazmerreír del mundo por esta nueva regulación. Es un escándalo'.

Ante esta situación, instituciones como el Síndic de Greuges de Catalunya han propuesto una 'tregua invernal' en el corte de los suministros para las personas en riesgo de exclusión social. Una tregua aprobada por CiU y ERC que servirá para impedir el corte del suministro eléctrico a familias sin recursos económicos. Un acuerdo de mínimos, pero 'un paso importante', señala García, pues introduce por primera vez el concepto de 'pobreza energética' en un documento oficial, y sólo beneficiará a hogares 'con pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima' o trabajadores que 'estén en el paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción'. Mientras, el PP rechazaba la iniciativa presentada en el Congreso por la diputada de Izquierda Plural ( IU-ICV-CHA) Laia Ortiz en defensa de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza energética. Toda la oposición se unió para pedir al Grupo conservador que aceptase la proposición de ley de Izquierda Plural y se debatiesen medidas sobre esta cuestión. Los conservadores se negaron a aceptar con el argumento de que el gobierno tiene puestas en marcha varias medidas, entre ellas un plan de inclusión social para el 2013-2016.

'En 2007, unos compañeros de Gran Bretaña nos propusieron trabajar juntos sobre esta temática. Nuestra primera idea fue que la pobreza energética no existía aquí, más que nada por una cuestión climática. Es un problema que asociábamos a los países del norte, no a los mediterráneos. Pero comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que había un problema. De hecho, en 2007 tecleabas en Google 'pobreza energética' y apenas daba resultados. Llamamos a muchas puertas, administraciones públicas, entidades del tercer sector y a nadie le interesaba el asunto', resume García sobre un problema que va mucho más allá de lo económico y repercute con fuerza en lo social y sanitario. 'La tasa de mortalidad adicional de invierno en España es una de las más elevadas de Europa con más de 20.000 muertes prematuras, de las que entre un 10% y un 40% se debe a la pobreza energética, según una serie de estudios europeos', señala un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales. En este aspecto, el Observatorio de la Sostenibilidad de España estima que este problema puede ser el responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en todo el país, una cifra que, contrapuesta a la de las víctimas de accidentes de tráfico -1.480 en 2012-, da una idea del alcance de los efectos sociales y sanitarios de la pobreza energética.

Las nuevas exigencias referentes a la certificación energética de la vivienda, que entraron en vigor el pasado mes de junio, 'tendrán un impacto positivo sobre este problema', comenta la responsable de Ecoserveis, pero matiza que 'hasta 1979 no se implantó la primera regulación térmica y hasta el 2006 -en plena burbuja inmobiliaria- no se aplicó el Código Técnico que elevaba el nivel de exigencia. La mitad de los edificios pierden calor'. Entre las acciones a desarrollar que destaca García destacan la aplicación de las directivas de mercado interior de la electricidad y del gas que demandan a los estados de la Unión Europea la elaboración de planes de acción para paliar las situaciones de pobreza energética. España no ha aplicado ni estas directivas, lo que dificulta la identificación y prevención de las situaciones, ni tampoco ha definido qué entiende por consumidor vulnerable. 'Pero sobre todo reconocer su existencia y aplicar medidas de eficiencia energética a los hogares afectados, con carácter prioritario. Además, estaría bien aplicar una bajada del IVA al gas y a la electricidad a nivel doméstico. Aparte, de otras medidas como podría ser la rehabilitación de viviendas, pero hay tantos problemas, que para el gobierno este deber ser el último'.