¿De qué habla el Gobierno cuando habla de jubilación flexible? La reforma de las pensiones que el Ejecutivo presentará este viernes tendrá, según han proclamado diversas voces oficiales, muchas excepciones y condicionantes que eximirán a muchas profesiones de prolongar aún más su vida laboral.

Según los mensajes que envía el Ejecutivo, esa flexibilidad se percibiría en ciertas actividades profesionales que por su penosidad o toxicidad pueden ser perniciosas para la salud y que no tendrían que cumplir los mismos criterios que el resto. Algo que, según estudios internos del Ejecutivo, afectaría poco más o menos a 200.000 trabajadores. En la actualidad, una cifra similar ya tiene este derecho.

Menos de 200.000 trabajadores se jubilan antes con los criterios actuales

Este debate, que se ha colado en la actual reforma de las pensiones, es precisamente una tarea pendiente del Gobierno desde 2006, cuando alcanzó un acuerdo por el que se comprometía a desarrollar una reglamentación clara que señalara los colectivos que deberían tener derecho a una jubilación anticipada.

Fruto de aquel compromiso, el Ejecutivo encargó al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) un estudio que detectara qué tipo de profesiones podían acogerse a esta modalidad de retiro anticipado. El INSHT se atuvo a criterios de siniestralidad y mortalidad para elaborar un listado de profesiones en el que la probabilidad de tener un accidente, especialmente a partir de los 55 años, es mayor que en el resto.

Su conclusión es que los trabajadores de la metalurgia, la extracción de minerales y la industria de la madera, tienen más probabilidad de sufrir accidentes a partir de los 55 años en el desempeño de su puesto de trabajo. En total, y según los últimos datos de la Seguridad Social de diciembre, alrededor de 200.000 trabajadores están afiliados a estas ramas de actividad ( según los criterios de la nueva clasificación de actividades) y, bajo los criterios de este estudio, podrían aspirar a retirarse de forma anticipada sin penalización con un esquema de coeficientes reductores.

La Ertzaintza y los bombertos, los últimos en conseguir este retiro

En la actualidad, sólo pueden disfrutar de un sistema reglado de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del régimen especial del mar, los ferroviarios, los jugadores de fútbol, los toreros, los artistas, el personal de vuelo y los bomberos. Además, por sorpresa, en los últimos Presupuestos Generales se concedió a la policía autonómica vasca este derecho. En definitiva, un colectivo muy pequeño que apenas alcanza los 200.000 trabajadores ocupados. Que podrían llegar hasta los 400.000 si se aplican los criterios de este estudio.

Los sindicatos han rechazado de plano la forma en la que está diseñado el estudio porque sólo tienen en cuenta la tasa de siniestralidad en el sector, lo que diluye los resultados finales. 'Si en la construcción hay más de un millón de trabajadores, la tasa de siniestralidad puede resultar relativamente baja. El problema es que hay que buscar la siniestralidad en los subsectores, como puede ser los trabajadores en altura (andamios) o en demoliciones, para tener una idea real de la peligrosidad de esos oficios', apuntan fuentes de UGT. En CCOO tienen la misma opinión, y creen que el Gobierno comenzó la casa por el tejado con este informe. 'Lo primero que hay que hacer es fijar los criterios que definen la toxicidad, penosidad, insalubridad o peligrosidad de una profesión, y luego delimitar los colectivos', apuntan.

Por eso, y pese a que el borrador del proyecto de ley está redactado desde noviembre, la negociación se ha quedado paralizada a la espera de acordar los nuevos parámetros. Este paréntesis en la negociación ha llevado a que se entremezcle con la reforma de las pensiones que está discutiendo el Ejecutivo. Los sindicatos rechazan unir ambas negociaciones, e indican que la supuesta flexibilidad del sistema que se discute debe venir por incentivos y penalizaciones ligados a tiempo cotizado.

En cualquier caso, y además de los sectores que apunta el organismo de la Seguridad Social, diversos colectivos han elevado peticiones para acogerse a la jubilación anticipada que, de concedérsela, se dispararía por encima de 1,5 millones de trabajadores. Construcción y transportes son algunos de los más relevantes, ya que aunque no entrarían con los criterios del INSHT son los más persistentes en sus demandas.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), que analiza los sectores por las ocupaciones de sus empleados, hay hasta 169.000 peones dentro de la construcción, muchos susceptibles de estar desempeñando labores penosas. La cifra es mucho más alta entre los transportistas, descargadores o conductores de transporte urbano o por carretera, que ascienden a más de un millón de empleados, sin contar con los autónomos, que trabajan en estos sectores y que tendrán derecho, según anunció el Gobierno la semana pasada, al retiro anticipado.

Aunque estas son las profesiones que tradicionalmente han reclamado el derecho a jubilarse antes de los 65 años, hay más que podrían ser elegibles según qué criterios se fijen: los agricultores, la policía local, los empleados en contacto con productos químicos, entre las que estarían: trabajadores de farmacéuticas, anestesistas, radiólogos, etc.

En opinión del secretario general de UPTA, la organización de autónomos dependiente de UGT, Sebastián Rey-na, debería tenerse en cuenta a los trabajadores que desarrollen su actividad en una atmósfera tóxica; a los que realicen su trabajo a la intemperie y a los que están sometidos a un gran nivel de estrés, como el transporte.

'Aunque muchos colectivos se acercan para pedirnos que solicitemos su jubilación anticipada, siempre pedimos prudencia hasta pactar los criterios que definan quién se puede acoger a este derecho', reiteran desde CCOO. El catedrático de Derecho del Trabajo Fernando Valdés asegura que actualmente ya no hay más colectivos que, con la legislación actual, se puedan acoger a esta fórmula.

Sin embargo, la posible elevación de la edad de jubilación o el alargamiento de la vida laboral, imponen con urgencia definir un listado de excepciones a la nueva regla.