La inmobiliaria Martinsa ha prescindido de otros 259 trabajadores al cerrar su segundo expediente de regulación de empleo (ERE) en menos de un año. Con este recorte, que ha sido confirmado por la promotora protagonista de la mayor suspensión de pagos española, la compañía ha reducido a menos de la mitad una plantilla que en 2007 constaba de 1.175 empleados y ahora suma unos 530.

Tras sellar el acuerdo a finales de marzo con todos los sindicatos, salvo con el gallego Ciga, la inmobiliaria aplicó el ERE que supuso la salida de 259 trabajadores el pasado 12 de abril.

La empresa que preside Fernando Martín no ha variado un céntimo la indemnización para este segundo ERE, más amplio que el anterior, con lo que los afectados recibirán 36 días por año trabajado. 'No ha cedido un ápice, no hemos podido negociar', señalan fuentes del comité de empresa.

Un mes después, los afectados por este segundo ERE de Martinsa no han cobrado su indemnización y, lo que es peor, no tienen claro el plazo en que podrán empezar a hacerlo. La razón es que hay dos recursos que bloquean estos pagos. Por un lado, el sindicato Ciga ha recurrido el acuerdo general del ERE y el juez del concurso de acreedores (suspensión de pagos) ha enviado la impugnación a un juzgado de lo Social. Hasta que no haya resolución firme, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no adelanta el 50% de las indemnizaciones y la empresa tampoco paga el resto. Fuentes de Ciga admiten que han podido tener fallos de interpretación al pensar que el auto del juez de la suspensión de pagos ya era firme y no se paralizaban las indemnizaciones.

Por otro lado, la empresa que preside Fernando Martín incluyó en el recorte a unos ocho representantes sindicales, aun a sabiendas de que éstos podían recurrir su salida para que un juez dictara su readmisión, como han hecho. Ahora están a la espera de la decisión judicial.

Martinsa se ha gastado 12,5 millones en los ERE, según sus cálculos. Además, paga 10 millones a sus abogados; 14 millones a los asesores y otros 12 millones a los supervisores judiciales. El primer ERE que presentó la inmobiliaria afectó a 233 empleados, a los que se añadieron otras 79 bajas voluntarias y 72 despidos.