La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a la treintena de países más industrializados, anunció ayer que retira de su lista de paraísos fiscales a los cuatro únicos países que la formaban: Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas. Todos ellos se han comprometido con los criterios de la OCDE sobre colaboración fiscal.

Esa lista negra ha durado apenas cinco días. La OCDE hizo público el pasado día 2, con motivo de la cumbre del G-20 en Londres, un documento de apenas un folio en el que clasificaba a los países en función de su grado de colaboración, transparencia y facilidad a la hora de dar información sobre asuntos fiscales. Los cuatro países citados eran los únicos que no habían mostrado intención de colaborar. Con su decisión, pasan a un nivel intermedio, donde aparecen los territorios que tradicionalmente vienen considerándose paraísos fiscales.

Ahora, según el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, el reto es que esos 42 países y territorios con baja fiscalidad cumplan efectivamente con sus compromisos.

Para conseguirlo, la OCDE no quiere utilizar sanciones: 'Nuestro objetivo es que la palabra sanción se quede ahí y que nunca exista la tentación de usarla', declaró Gurría. En su opinión, la presión internacional debería servir para 'incitar' a esos centros financieros a atenerse a sus compromisos.

Acuerdos sin desarrollar

La lista publicada el día 2 por la OCDE recogía una zona gris de 38 países que han firmado acuerdos de colaboración fiscal, pero no han hecho casi nada para ponerlos en marcha. Ahí están los paraísos tradicionales, junto con otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica o Chile, con normas de secreto bancario. A estos países, se suman ahora los cuatro que salen de la lista negra.

Países limpios

La lista de la OCDE recoge otros 40 países cumplidores con los estándares fiscales. Ahí han entrado algunos territorios incluidos hasta ahora entre los paraísos, como Barbados, Isla de Man, Jersey o Islas Vírgenes.

Nuevo examen

La OCDE publicará el próximo verano un informe sobre el grado de cumplimiento de la cooperación fiscal. A la vista de ese informe, la próxima reunión del G-20, en septiembre, podría acordar nuevas actuaciones en torno a los paraísos fiscales, incluidas eventuales sanciones.