Los jefes de Estado y Gobierno comunitarios intentarán cerrar el nuevo "Tratado de Reforma" de la Unión Europea, en una cumbre informal que comienza esta tarde en Lisboa y que pretende poner fin a seis años de disputas institucionales.

La reunión de dos días comienza a las 16.00 GMT de hoy en el Pabellón Atlántico del recinto de la Expo 98 de Lisboa, donde los líderes comunitarios se verán prácticamente a solas, en la última sesión de la Conferencia Intergubernamental (CIG) inaugurada en julio, para tratar de cerrar los últimos puntos abiertos del texto que sustituirá al fracasado proyecto de Constitución Europea.

El objetivo es alcanzar un acuerdo en esta cumbre, para poder firmar solemnemente el Tratado de Reforma, o "de Lisboa", en diciembre, y someterlo a ratificación a lo largo de año que viene.

Los líderes de los 27 países de la Unión llegan a Lisboa "con espíritu de compromiso", según avanzó este martes el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, quien ha mantenido contactos con numerosos dirigentes europeos antes de esta cita.

A pesar de las declaraciones unánimes de optimismo enviadas desde todos los Gobiernos comunitarios, quedan todavía asuntos complejos por resolver, empezando por el rechazo italiano al reparto de escaños por países acordado en el Parlamento Europeo para la legislatura 2009-2014.

Ese reparto -que debería, en principio ser sancionado por los líderes europeos en Lisboa- hace perder a Italia la paridad que mantenía con Francia y el Reino Unido.

Una de las posibilidades que se manejan es aumentar el techo de escaños previsto por el borrador del Tratado (750) y redistribuir los asientos suplementarios de manera que Italia levante sus reservas.

La Comisión Europea cree que técnicamente es posible cerrar el Tratado en esta cumbre y aparcar la cuestión del reparto de escaños para más adelante, pero el presidente de turno del Consejo Europeo, José Sócrates, prefiere solucionar todo en esta cita a fin de evitar sorpresas y nuevos atascos en el futuro.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, también insistirá en que ambas cosas queden acordadas ya, para que la Unión pueda concentrarse en otras prioridades.

El primer ministro italiano, Romano Prodi, ex presidente de la Comisión Europea, será uno de los protagonistas inesperados de esta reunión, por su negativa a aceptar el acuerdo parlamentario.

Otro participante que acapararán la atención de los medios será, sin duda, el primer ministro británico, Gordon Brown, que se estrena en una cumbre europea, y que está siendo sometido a un auténtico acoso en su país por la oposición conservadora y una parte de su partido, los cuales le exigen la convocatoria de un referéndum para ratificar lo que califican de sucedáneo de Constitución.

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, que todavía no ha confirmado ni desmentido en público los rumores en torno a la crisis de su matrimonio, será igualmente foco de las cámaras y los reporteros.

El otro punto sin resolver en la CIG es la insistencia polaca en que el texto del Tratado incluya una mención expresa al llamado "compromiso de Ioannina", un acuerdo "de caballeros" logrado en 1994 que permite retrasar en algunos casos muy excepcionales la adopción de decisiones aunque no haya una minoría suficiente para bloquearla.

Polonia celebra elecciones el próximo domingo, y el presidente polaco, Lech Kaczynski, podría verse tentado a mantener el pulso con sus socios.

El futuro Tratado retoma la reforma institucional de la UE que preveía la Constitución, y debería entrar en vigor en 2009, antes de las elecciones europeas de ese año.

Introduce novedades importantes destinadas a mejorar la eficacia interna de las instituciones, aumentar la transparencia de sus decisiones y reforzar el papel de la UE en el mundo.

Crea la figura de un presidente permanente para la UE, por un plazo máximo de 5 años, y una dirección única para la política exterior comunitaria que recaerá en el Alto Representante, quien será también vicepresidente de la Comisión Europea.

Además, se abandona la unanimidad para la toma de decisiones en la mayoría de los asuntos de justicia e interior, y se modifica el mecanismo de voto en el Consejo, mediante la introducción de la llamada "doble mayoría", que privilegia a los países más poblados, encabezados por Alemania, instigadora principal de la reforma.