Les Corts refrendaron ayer el decreto ley del Consell que promueve el derribo de 1.654 casas y el exilio forzoso de miles de vecinos del barrio de El Cabanyal, en Valencia. La medida se aprobó a través de la Diputación Permanente, que sustituye al pleno mientras está de vacaciones, y contó con el único voto a favor del PP, con mayoría en el parlamento valenciano. Se acordó tramitar el texto como proyecto de ley lo que permitirá presentar enmiendas, por vía de urgencia. Se debatirá en la primera quincena de febrero.

El decreto se aprobó el jueves pasado como respuesta a la decisión del Ministerio de Cultura, que 48 horas antes y a instancias del Tribunal Supremo paralizó el plan urbanístico de El Cabanyal, al considerarlo 'un expolio'.

El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, aseguró ayer que el decreto está plagado de 'incongruencias' y constituye 'un esperpento jurídico que han parido en una mala noche'. Luna asegura que el texto rezuma inconstitucionalidad 'porque incumple una sentencia del Supremo e invade competencias del Estado, que es quien determina qué es o no expolio'.

En la misma línea se pronunció Mónica Oltra, portavoz adjunta del grupo Compromís, que aúna al Bloc Nacionalista y a una escisión de Esquerra Unida. Oltra tachó de 'totalitario' el decreto y acusó al PP de rebelarse 'contra el estado de derecho y la seguridad jurídica'. La última en intervenir fue la diputada de Esquerra Unida, Marga Sanz, que afirmó que el plan de El Cabanyal 'es una humillación extrema' y un combate 'entre David y Goliat sin futuro para la alcaldesa'.

Por su parte, el PP no quiso entrar en el debate de legalidad jurídica del decreto. El consejero de urbanismo y mano derecha de Camps, Juan Cotino, argumentó la mayoría absoluta de la que goza su formación para justificar los derribos: 'La gran mayoría de los vecinos del barrio quiere que se ejecute'. Una idea que Ángel Luna tildó de 'concepción de la democracia minimalista que les acerca cada vez más a Berlusconi y sus leyes a medida'.

La gran ausente en el debate fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, 'por motivos de agenda', según fuentes del ayuntamiento. Quienes sí acudieron a Les Corts fueron los miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal. Su portavoz, Maribel Doménech, aseguró al acabar la Diputación Permanente que el decreto ley es un 'despropósito' y acusó al consistorio de comprar casas 'y alquilarlas a grupos desfavorecidos que se dedican al negocio de la droga, para degradar el barrio'.