En la historia de Marisa Mugú, el dinero nunca ha dado la felicidad. Pero, sin embargo, si ha ayudado a paliar el sufrimiento. Madre de tres hijos, dos de ellos con una severa discapacidad, Marisa multiplica sus esfuerzos para evitar el desahucio de su casa el próximo 5 de mayo. 'No puedo perderla porque es el único sitio que tiene mi hijo Cristian (sufre de parálisis cerebral, en estado terminal) para morir', explica esta enfermera en paro.

Su insolvencia económica apareció en 2005, cuando la Seguridad Social le concedió una incapacidad permanente profesional que ella no solicitó, con lo que sus ingresos se redujeron en un 70%. A pesar de estar aquejada de cuatro hernias 'y tener las rodillas destrozadas', como asegura la propia Marisa, el trabajo (salario) era lo único que permitía equilibrar los sacrificios de su situación. Con algo más de 4.000 euros al mes de nómina como enfermera en el Hospital del Bellvitge (Barcelona), Marisa solicitó una ampliación de la hipoteca (de 120.000 euros a 268.000 euros) para realizar una serie de reformas que adaptaran su vivienda a las discapacidades de sus hijos. La cuota hipotecaria se amplió entonces de 700 a 900 euros al mes. 'Nada habría pasado si no hubiera perdido mi empleo', sostiene.

Tras jubilarse por enfermedad, pasó de cobrar 4.000 euros a 1.200 al mes

Los 4.000 euros al mes se redujeron a una pensión de 1.200 euros mensuales. La caída de ingresos se combinó con una subida del Euríbor que aumentó su cuota hipotecaria a 1.400 euros al mes en 2006. Ante el déficit mensual, Marisa empezó a rebuscar fondos de todos los bolsillos. Rescató su plan de pensiones, realizó todo tipo de trabajos, pedía dinero a familiares entre visita y visita a la oficina del Santander en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) para renegociar las condiciones de su préstamo. 'Les ofrecí aumentar la vida de la hipoteca (escriturada a 20 años), convertir la cuota en un alquiler, pagar cada mes una cuota diferente, incluso la dación. Ante todo, yo no quería perder mi casa. Le llegué a enviar una carta a Botín planteándole una salida a mi caso', asegura Marisa.

Su desesperación le llevó a solicitar 14.000 euros a un prestamista al que tuvo que devolver 56.000 euros. En ese alambre económico vivió hasta que a finales de 2009 dejó de pagar la hipoteca. El mecanismo de la ejecución hipotecaria se puso entonces en marcha. El banco sacó a subasta (quedó desierta) su vivienda que recompró la propia entidad por 218.000 euros (su valor en tasación se elevaba hasta los 268.000 euros). Su deuda asciende a 114.000 euros, divididos en 50.000 euros de capital y 84.000 euros entre costas judiciales e intereses.

En 2006, su pensión mensual era 200 euros inferior a su cuota hipotecaria En marzo de 2010, Marisa logró paralizar la demanda de ejecución tras apelar al Departamento de Mediación de Justicia de la Generalitat. En estos días, busca otra salida preventiva similar ante el desahucio del próximo 5 de mayo. 'No voy a dejar que a mis hijos los saquen de mi casa como si fueran cajas', insiste. A su deuda con el banco, Marisa suma otro conflicto económico. Debe pagar 7.000 euros a Hacienda como plusvalía por la venta de su vivienda que ejecutó el banco.