“Seguramente le daré la licencia, pero primero habría que sacarle algo”. La frase, pronunciada por un ex edil socialista de Estepona (Málaga), resume las prácticas corruptas habituales en el Ayuntamiento que dirigía, en alianza con concejales ex gilistas, hasta que fue detenido en junio de 2008 el también socialista Antonio Barrientos. Los informes policiales contenidos en el sumario del caso Astapa, al que ha tenido acceso Público, revelan que la mordida que los ediles les sacaban a los empresarios les permitían manejar un importante colchón de dinero al margen de los controles legales que utilizaban para gastos personales, para pagos de las concejalías, para financiar a los partidos gobernantes (PSOE y PES, ex gilistas) y para abonar, en ocasiones, el sueldo de los funcionarios. Todas ellas, prácticas ilegales.

A los responsables del consitorio que formaron la madeja corrupta les llegaron inyecciones de dinero de las empresas que colaboraban con el ayuntamiento a cambio de ventajosas condiciones en convenios urbanísticos. Se recurría a aportaciones voluntarias, que camuflaban las extorsiones de los ediles imputados. Las aportaciones adquirían distintas formas: ya fueran pagos por eventos musicales, subvenciones a equipos o actividades deportivas, según los informes de los investigadores.  

En su declaración ante el juzgado de instrucción 1 de Estepona, el presidente de la constructora cordobesa Prasa, José Romero, declaró: “Si el ayuntamiento valora un suelo en un millón o más o menos, Prasa tiene que pagar de una forma u otra”. Y añadió “que sí, que el ayuntamiento le exige unas donaciones, pero con toda la legalidad”. En un solo año, Prasa llegó a donar al Ayuntamiento 1,5 millones de euros.

La Policía cree que parte de los pagos se hicieron, en ocasiones, mediante dinero en efectivo que no consta en la contabilidad del Ayuntamiento ni en la de las empresas.

Valle Romano, quemada

La pieza clave del entramado recaía en el holding Valle Romano. En el sumario consta una exhaustiva relación de pagos por parte de tres filiales de esta empresa, Compañía Promotora del Comercio del Estrecho, Aedificat y Yerecial. Tanto llegaron a desembolsar los empresarios entre 2004 y 2006 que al año siguiente, se produjo “futo del desgaste, una separación y desvinculación” del holding con el Ayuntamiento.

Una aportación de 872.113 euros abonada por Aedificat a Drive Music, informa Efe, demuestra, según la Policía , que Valle Romano se hizo cargo de “gran parte de los eventos” que el Ayuntamiento organizaba en el municipio, vecino de Marbella.

Los principales promotores de la corrupción en Estepona fueron el ex alcalde Barrientos, su jefe de gabinete, José Flores, los ediles ex gilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur.

En el sumario también constan conversaciones intervenidas judicialmente. En una de ellas, Patricia Rojo, directora del área de Urbanismo e hija del presidente del Senado, Javier Rojo, le comunica a José Flores que a un empresario se le ha tenido paralizado el expediente relativo a una licencia durante dos años. Rojo le insiste y le dice que Rafael Duarte, entonces edil de Urbanismo, le dijo que “seguramente le diera la licencia, pero primero habría que sacarle algo”. Rojo le comentó que ella no lo iba a hacer y Duarte le contestó que se lo mandaría a Flores para que se lo sacase. El jefe de gabinete admitió que sí le insinuó al promotor que debería colaborar con el Ayuntamiento. Le pidió 100.000 euros, pero éste desembolsó finalmente 30.000.

En el caso, hay 63 imputados y está en fase de instrucción. El actual alcalde, David Valadez (PSOE) fue el denunciante.