El fiscal solicita una pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el comercio relacionados con la hostelería y ocio para dos responsables de un pub de Valencia que no admitieron a un grupo de discapacitados que, acompañados de sus monitores, querían acceder al local.

El Ministerio Público considera que la gerente y el relaciones públicas del bar, ubicado en la zona de ocio de la plaza de Cánovas del Castillo, cometieron en 2006 un delito contra los derechos fundamentales de los ocho jóvenes de entre 19 y 22 años con síndrome de Down a los que se les impidió la entrada.

En el juicio que ha comenzado hoy en el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, los acusados han negado que impidieran la entrada del grupo por discriminación y han argumentado que no le dejaron pasar porque "el aforo del local estaba completo".

La defensa de los procesados solicita su absolución mientras que la acusación particular pide para ellos cuatro años de inhabilitación para desempeñar cualquier oficio relacionado con la hostelería, bares, discotecas y locales de ocio que suponga atención o trato directo con el público, así como para dirigir, gestionar o representar tales negocios.

Además, la acusación, que pone el caso como ejemplo de discriminación, pide que se condene a cada uno de los procesados a pagar una multa simbólica de un euro a la Fundación Asindown de Valencia, a la que pertenecen los afectados, "en concepto de indemnización por los daños morales causados".

El fiscal estima probado que la noche del 15 de diciembre de 2006, el relaciones públicas del pub "Me vuelves loco Coco-loco" negó "desde el primer momento la admisión" a un grupo formado por ocho jóvenes -siete con síndrome de Down y uno con otra discapacidad- que iba acompañado de tres monitores y dos responsables de la Fundación Asindown.

Para argumentar su negativa, el responsable dio "excusas escasamente convincentes" como que esperaban a mucha gente esa noche y que el aforo estaba completo porque tenían reservas para celebraciones navideñas, cuando, según el fiscal, "era evidente que la razón única era que eran personas con una minusvalía".

Ante las protestas de las monitoras, que solicitaron el libro de reclamaciones, que se les negó, acudió la encargada del local y esposa del dueño, quien reiteró que no entraban porque eran "disminuidos", les preguntó por qué tenían que ir allí "a joderla" y dijo que había "otros locales" donde podían entrar.

En la vista oral, los acusados han negado ante el juez haberse dirigido a los demandantes en esos términos y han defendido que aquella noche no les dejaron acceder al local porque "el aforo estaba completo" debido a que habían vendido todas las entradas posibles a tres empresas que celebraban la cena de Navidad.

Además, han afirmado que invitaron al grupo a volver al pub "cualquier otra noche que no estuviera lleno".

Por su parte, las monitoras y responsables de Asindown Valencia han declarado que los encargados les dijeron que no era "local para ellos", que eran personas "disminuidas" y que estarían "mejor en otro sitio".

Al juicio ha asistido un centenar de miembros de la Fundación Asindown de Valencia, entre ellos los jóvenes a los que se les negó la admisión y sus padres, acompañados de la presidenta de la fundación, Pilar Gadea.

Todos ellos han reclamado el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y han pedido la sensibilización de la sociedad para que no se repitan casos como éste.