Sin haber dejado transcurrir un mes desde su toma de posesión, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció ayer que su departamento acepta varias de las exigencias de las asociaciones de jueces. El objetivo, evitar la segunda huelga del sector, convocada para el próximo 26 de junio con la reforma de la administración de Justicia como mascarón de proa reivindicativo.

Caamaño aseguró que las relaciones del Ministerio con los jueces comienzan ahora con 'el contador a cero'. Las cuatro asociaciones de jueces valoraron positivamente el primer contacto con el nuevo ministro, aunque mantienen su llamamiento al paro.

Caamaño se compromete a crear 220 plazas de jueces y 150 de fiscales en 2009, lo que supone un aumento del 46% respecto al año anterior en el caso de la judicatura y del 80,7% en el del ministerio público. Además, aboga por crear grupos de trabajo para acotar las funciones de jueces y secretarios sobre señalamientos de juicios, y equipos para estudiar las exigencias de los jueces en materia de conciliación laboral. Este último asunto es 'de especial importancia' para el ministro, ya que 'el 66% de los jueces españoles son mujeres'.

El ministro aboga, además, por establecer fórmulas que incentiven las sustituciones entre los propios jueces titulares. Su propuesta contempla también un plan de informatización de la administración para que los distintos juzgados 'trabajen en red'.

Por último, expresó la necesidad de 'reformar la ley de planta judicial' para adecuarla a las nuevas exigencias 'demográficas y sociológicas'.

Lo que no contempla el plan son las subidas salariales, otra de las exigencias de las asociaciones. Caamaño explicó que 'los jueces son conscientes de la situación económica de nuestro país', si bien se comprometió a buscar 'un modelo de retribución acorde a las responsabilidades de cada uno de los órganos judiciales'.

El reto es la renovación

Las asociaciones de jueces mantienen desde hace meses un pulso con la administración a la que exigen una completa renovación de la Justicia. El pasado 18 de febrero, dos de ellas Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, llevaron a cabo una huelga que paralizó por un día varios juzgados españoles tras las frustradas negociaciones mantenidas con el gabinete del anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo.

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, valoró el 'buen talante' mostrado por el ministro, lo cual puede dar lugar 'al inicio del fin dialogado del problema de la reforma de la Justicia'. Sin embargo, a la espera de 'soluciones concretas', anunció que se mantiene el 'proceso de actuación' que prevé la huelga.