El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a través de una providencia, le ha recordado al consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández Lasquetty, sus dos recursos pendientes contra la privatización sanitaria madrileña. Especialmente, después de que éste presumiera de que el TSJM le 'daba la razón' al rechazar el recurso interpuesto por el Partido Socialista de Madrid (PSM) contra el proceso de 'externalización' de seis hospitales.

Sin embargo, pese a que el Tribunal levantó el pasado 10 de julio las medidas cautelares que paralizaban el proceso de adjudicación de hospitales a las futuras empresas gestoras, los recursos instados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid (AMYTS) siguen en curso. Si Lasquetty llegase a firmar los contratos con las empresas adjudicatarias y el TSJM sentenciase después en contra de la privatización, todo el proceso anterior quedaría anulado. 

El auto del Tribunal anuncia que 'al no haberse pronunciado aún la Sala' los actos que lleve a cabo la Comunidad en su avance por la 'externalización' de seis hospitales de la región 'pueden verse afectados en caso de acordarse medidas cautelares'.

Los hospitales que Lasquetty tiene en el punto de mira para su privatización son el Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo y, según sus intenciones, la firma de la adjudicación definitiva de la gestión indirecta de estos centros se realizará 'en pocos días'. Esto ocurrirá cuando las empresas hayan depositado la fianza, acrediten que 'están al corriente de sus obligaciones' y hayan creado 'la sociedad concesionaria'. 

A pesar del aviso al Gobierno de Ignacio González, la AFEM lamenta que la Comunidad de Madrid esté 'poniendo trabas' a la resolución de medidas cautelares del TSJM, planteando que la Asociación no 'estaría legitimada' para hacer valer 'las graves irregularidades jurídicas' que afectan a los hospitales, como centros de trabajo en los que desarrollan sus funciones y por ello, con este documento, la Asociación ha querido defender su legitimidad. 

En el caso del recurso interpuesto por los socialistas madrileños, el TSJM decretó la inadmisión de éste y levantó la suspensión cuatelar ya que entendió que el PSM no tenía legitimidad activa para actuar contra esta medida por no ser parte afectada directamente. Ese mismo día, el consejero de Sanidad sacó pecho e hizo una lectura propia de la decisión del Tribunal, asegurando que éste le daba luz verde para seguir con sus medidas. Lo que Lasquetty no tuvo en cuenta en ese momento fue que la justicia madrileña no se pronunció acerca de si la 'externalización' de los centros sanitarios es legal o no. 

Por tanto, la providencia que ha publicado el TSJM este jueves da un toque de atención al consejero que el pasado 10 de julio arremetía, como viene siendo habitual, contra el líder del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. 'Ni las mentiras, ni las huelgas, ni las amenazas, ni el acoso judicial que ha emprendido han impedido que el Gobierno cumpla con su obligación de aplicar medidas necesarias para garantizar una sanidad pública, universal, gratuita y de máxima calidad', e incluso le exigió unas disculpas.'Gómez debería pedir perdón a todos los ciudadanos madrileños y también a sus afiliados, porque supongo que este recurso le habrá supuesto algunos costes al partido', insistió Lasquetty entonces.

Desde la oposición, el aludido, por su parte, informó que recurriría la decisión por lo que presentaría un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que inadmitía su denuncia. Según Gómez, cuando el Tribunal decidió establecer la suspensión cuatelar del proceso de privatización de los hospitales madrileños, 'se puso de manifiesto la existencia de irregularidades en el proceso de privatización y desmantelamiento' de la Sanidad Pública madrileña, sobre todo, por las cantidades requeridas a las empresas interesadas 'concepto de avales'.

Gómez aseguraba que 'las irregularidades siguen ahí, son exactamente las mismas'. De hecho, el socialista madrileño insistía en que, al rechazar el recurso, el Tribunal 'no se pronunciaba sobre las irregularidades', si no que'sólo se intentaba sacar al denunciante del proceso de denuncia de la privatización'.