Los políticos republicanos, y algunos demócratas, criticaron la decisión del Gobierno del presidente Barack Obama de trasladar a Nueva York y juzgar allí a cinco supuestos terroristas vinculados a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Pero las autoridades de Nueva York han expresado su satisfacción porque se juzgue en esa ciudad a los sospechosos por los ataques que mataron o hirieron a más de 3.000 personas. Los familiares de las víctimas mostraron reacciones ambiguas.

"La decisión irresponsable del Gobierno de Obama de procesar al cabecilla de los ataques en la ciudad de Nueva York antepone los intereses de los grupos liberales a la seguridad y protección del pueblo estadounidense", sostuvo en un comunicado el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner.

El secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, anunció ayer que recomendará que se pida la pena de muerte cuando sean juzgados ante un tribunal federal los sospechosos, que se encuentran ahora en Guantánamo, e incluyen a Jalid Sheij Mohamed, supuesto organizador de los ataques.

Junto a él serán enjuiciados Walid bin-Atash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi.

"La posibilidad de que Jalid Sheij Mohamed y sus cómplices puedan ser hallados 'no culpables' debido a algún detalle legal a pocas cuadras del sitio donde se derrumbaron las torres del World Trade Center debería conmocionar a cada estadounidense", añadió Boehner.

El jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnel, calificó el traslado de los casos de la justicia militar a la civil y la elección de Nueva York como sede de los juicios como "un paso hacia atrás en la protección de nuestro país que pone a los estadounidenses en un peligro innecesario".

Pero el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, dijo que "es totalmente adecuado que los sospechosos de los ataques del 11 de septiembre sean llevados ante la justicia cerca del sitio del World Trade Center donde tantos neoyorquinos fueron ultimados".

El senador Joe Lieberman, demócrata independiente, sostuvo que "los terroristas que planificaron, participaron y ayudaron en los ataques del 11 de septiembre de 2001 son criminales de guerra, no criminales comunes".

"Además de ser criminales de guerra, estos individuos no son ciudadanos estadounidenses que tengan todos los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos estadounidenses en nuestros tribunales federales", aseguró Lieberman.

"Están acusados de ataques cobardes contra civiles indefensos y deberían ser juzgados por un tribunal militar en lugar de los tribunales civiles", añadió.

Ed Kowalski, portavoz de la Fundación Familias 9/11 por un País Seguro, dijo que "es equivocado que se permita que un terrorista y un criminal de guerra tenga la oportunidad de ampararse en las protecciones constitucionales de Estados Unidos, y jamás antes se ha hecho algo así".

Pero Anthony Romero, director de la Unión de Libertades Civiles, afirmó: "La transferencia de los casos a tribunales federales es una enorme victoria para el restablecimiento del proceso debido y el imperio de la ley, y para reparar la posición internacional de EE.UU., que es un aspecto esencial de nuestra seguridad nacional".

Jim Riches, ex subjefe de Bomberos de la Ciudad de Nueva York cuyo hijo Jim, también bombero, murió en el ataque al World Trade Center, dijo al diario The New York Times: "Que los traigan aquí".

"Que los pongan en juicio- agregó-. Hagamos esto como debe hecerse para que todo el mundo vea lo que estos tipos son. Ya, es tiempo de hacerlo, se ha demorado mucho. Hagamos justicia".