Varios miembros de ETA, que están en prisión, declararán el próximo martes como testigos en la Audiencia Nacional en el juicio por integración en organización terrorista a cinco directivos del diario Egunkaria, clausurado en 2003 por el juez Juan del Olmo al entender que estaba subordinado a la banda.

Se trata de la tercera sesión del juicio que ha sentado en el banquillo a Marcelo Otamendi -último director del diario-, Ignacio María Uria Manterola, Juan María Torrealdai, José María Auzmendi y Javier Oleaga, y en el que las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ejercen como únicas acusaciones populares personadas.

Para los cuatro primeros solicitan 14 años de prisión y 15 de inhabilitación en calidad de dirigentes, mientras que para Oleaga reclaman 12 años de cárcel y 14 de inhabilitación.

La Fiscalía no ha presentado acusación contra los imputados porque considera que no se ha acreditado ni que el diario Euskaldunon Egunkaria haya servido para financiar a ETA o para blanquear capitales procedentes de la banda, ni que el periódico y los procesados hayan servido a los fines de la organización terrorista o hayan legitimado sus acciones, en contra de la tesis que defendía Del Olmo.

En la primera sesión de la vista, celebrada el pasado 16 de diciembre, los acusados negaron "rotundamente" que el periódico formara parte del entramado de ETA y calificaron de "infundio" los intentos de vincularles con la banda terrorista.

Además, los acusados aseguraron haber recibido un trato vejatorio por parte de la Guardia Civil durante su detención.

Mientras, tanto Dignidad y Justicia como la AVT aseguraron que mantendrían la acusación contra los cinco e insistieron en que diversos documentos intervenidos a ETA acreditan que la banda "creó en 1991 Egunkaria con fines terroristas e instrumentalizó este medio de comunicación para lograr sus objetivos".

Calificaron de "vergonzoso" el apoyo que representantes de partidos nacionalistas como el PNV, EA y ERC mostraron a los acusados, acompañándoles a su entrada al tribunal.

En la segunda jornada, un guardia civil que instruyó el caso relató que, tras el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996, el Instituto Armado inició una investigación de un entramado empresarial en el que figuraba la Fundación Euskalgintza, que les llevó al diario vasco y a ver sus vinculaciones, en su opinión "evidentes", con ETA.