El magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal ha solicitado este viernes al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Jesús Fonseca-Herrero, que archive el expediente disciplinario abierto contra él por participar en la redacción del borrador de una Constitución catalana porque ya han pasado con creces los seis meses de plazo que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) otorga para tramitar este tipo de asuntos.

Tras permanecer algo menos de una hora en la sede del órgano de gobierno de los jueces, donde había sido citado a declarar por el promotor de la Acción Disciplinaria, Vidal ha explicado que la Ley otorga seis meses de plazo desde que se inicia el expediente hasta la resolución definitiva. 

La Ley otorga seis meses de plazo desde que se inicia el expediente hasta la resolución definitiva

"El expediente se inició el 19 de abril de 2014 y estamos a 19 de diciembre, por lo tanto han transcurrido con creces los seis meses", ha indicado, para añadir que ha pedido explicaciones por el hecho de que esta investigación haya estado varios meses paralizada.

Fuentes del CGPJ señalan no obstante que, según establece la LOPJ, el plazo empieza a contar desde la incoación del expediente, en este caso el pasado 9 de octubre, por lo que el asunto no caducaría hasta el próximo mes de abril.

Se trata de la segunda ocasión en la que el encargado de proponer posibles sanciones a jueces emplaza a Vidal por este asunto y así lo ha recordado el magistrado a las puertas del CGPJ.

"Se trataba de una declaración ampliatoria de la que ya efectué en el mes de mayo y a la mayoría de preguntas me he acogido a mi derecho a guardar silencio -ha dicho el magistrado de Barcelona- dado que muchas de las cuestiones eran repeticiones de anteriores y mi estrategia de defensa me lo aconsejaba". Ha añadido que "en derecho no es cierto que el que calla otorga".

Sobre el fondo del asunto, Vidal ha añadido que ya ha informado al fiscal y al promotor del Consejo de que su intervención en la Constitución ha sido "con finalidad jurídica" y ha insistido en separar sus obligaciones judiciales en el ejercicio del cargo y su "tiempo libre".

Vidal ha insistido en que, al hacerlo en su tiempo libre, no afectaba a sus obligaciones judiciales

Con carácter subsidiario, Vidal ha pedido a Fonseca-Herrero que se abstenga, en caso de no archivar el expediente, de seguir conociendo de su tramitación por considerarle "contaminado" para seguir investigándole.

Esta petición obedece a que en septiembre el promotor ya dictó una resolución en la que hacía "una valoración exhaustiva y una calificación jurídica de esos hechos y una propuesta sin precedentes de suspensión de empleo y cargo por seis meses" contra Vidal, que cree que con ello incurre de "falta de imparcialidad objetiva, no tanto la personal sino la apariencia de imparcialidad objetiva".

El pasado mes de octubre la Comisión Disciplinaria del CGPJ rechazó la propuesta del promotor de suspenderle cautelarmente en sus funciones mientras se estudiaba el fondo de este asunto

Fonseca-Herrero solicitaba, "dada la extremada relevancia de los hechos" que se atribuyen al juez catalán, seis meses de suspensión para Vidal por dos faltas muy graves de "ignorancia inexcusable" en el cumplimiento de sus deberes judiciales y vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades.

Fonseca-Herrero considera, a priori, que las conductas atribuidas a Vidal pueden constituir dos faltas disciplinarias muy graves tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Promotor de la Acción Disciplinaria ya tomó declaración el pasado mayo a Santiago Vidal y preguntó a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Audiencia de Barcelona si había solicitado autorización o comunicado su participación en esta actividad.

Diputados del parlament y representantes de la ANC participaron en la iniciativa

Vidal manifestó a los medios de comunicación en dicha ocasión que una decena de jueces participan en esta iniciativa y, aunque colaboran con ellos algunos diputados del Parlament y representantes de entidades soberanistas como la ANC, no se trata de un encargo de la Generalitat ni del Parlament ni de ningún partido.

El borrador de la Constitución -con nueve títulos, 17 capítulos y casi 100 artículos-, establece entre otros aspectos que Cataluña es una nación que se configura "desde el punto de vista jurídico-político como una república".