El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 52 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, por formar parte de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que financiaba presuntamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Así lo ha ordenado el magistrado en un auto en el que, aunque no cuantifica el total del dinero blanqueado, impone una fianza de 48 millones de euros a cincuenta de los acusados, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran resultar en este procedimiento.

Ruz ha tomado esta decisión después de haberles tomado declaración indagatoria esta mañana para comunicarles su procesamiento por un delito continuado de blanqueo de capitales, que imputa a todos excepto a los españoles Antonio Jiménez Pardo y Carmen Jiménez Silva, a los que sólo acusa de uno de tenencia ilícita de armas.

También procesa a Jenny Alexandra Fasce -en prisión incondicional desde que fuera detenida en octubre de 2010 en el marco de la "operación Espejo"- y a su marido Luis Berho -para quien ha ordenado prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros- por un delito de colaboración con organización terrorista.

Según el juez, "al menos desde 2007, y de forma permanente en el tiempo", se estableció en España una organización liderada por el matrimonio y compuesta en su mayor parte por ciudadanos colombianos y ecuatorianos, dedicada a hacer remesas de dinero procedente del narcotráfico "a través de una extensa red de agentes y agencias colaboradoras" en estos países.

De esta forma, los beneficios de sus actividades ilícitas eran retornados a Colombia y Ecuador "simulando construir activos de procedencia lícita" e introducidos en el mercado, mientras que una parte de los mismos sirvieron "en alguna ocasión" para financiar a las FARC.

En total, subraya, la organización consiguió hacer remesas por valor de alrededor de doce millones de euros.

Se trata de una red "perfectamente estructurada" en la que cada miembro cumplía su función para desarrollar operaciones bancarias de ingreso y cambio, de transferencias a través de agencias de envío de dinero o entidades gestoras, y señala a Telegiros S.A. y Titanes Telecomunicaciones S.A., contra las que también dirige este procedimiento como responsables civiles subsidiarios.

La red ejecutaba sus actividades a través de hasta siete organizaciones independientes dedicadas a contactar con grupos de narcotráfico afincados en Colombia para negociar las condiciones del retorno de dinero para, en una segunda etapa, y vía correo electrónico, hacer llegar a la líder la información necesaria para llevar a cabo los giros.

Fasce, por su parte, se encargaba personalmente de recoger el dinero en diferentes puntos de España como Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Cubelles (Barcelona) o Cunit (Tarragona), así como el poblado chabolista de la Cañada Real en Madrid, donde presuntamente recibió dinero del conocido como "Clan de Los Ratones", y se giraba posteriormente a Colombia.

En este punto, el magistrado precisa que, de la información remitida por la Policía colombiana, uno de los beneficiarios de las transferencias remitidas por la organización fue Juan Manuel Gómez Buitrago, que estaría relacionado con "la masacre de concejales en Rivera" por el que las FARC pagaron 15 millones de pesos.

Asimismo, Gómez Buitrago está relacionado con la detención de cinco miembros de las guerrillas colombianas y sobre él pesan tres procesos por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo, rebelión, concierto para delinquir y lesiones personales culposas.

De todo ello, "se desprende que las FARC o algunos de sus miembros pudieren haber sido destinatarios de parte de estos fondos remesados a Colombia, pudiendo corresponder a dicha organización la propiedad de la cocaína vendida, origen del dinero transferido, pudiendo constituir el mismo una importante fuente de financiación de dicho grupo terrorista", subraya el auto.