El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye una querella del movimiento Falun Gong contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro dirigentes por supuestos delitos de genocidio y torturas, ha cursado una comisión rogatoria a China con la intención de interrogar a los cinco querellados.

Según ha explicado a EFE el abogado de Falun Gong, Carlos Iglesias, el magistrado ha adoptado esta decisión en un auto en el que acuerda transformar en sumario las diligencias previas que abrió después de que en junio de 2006 el Tribunal Supremo le ordenara investigar los hechos denunciados.

Iglesias ha explicado que Moreno ha considerado que los hechos "revisten los caracteres de los delitos de genocidio y torturas" y que ha cursado la comisión rogatoria para que los querellados respondan a las preguntas formuladas por las partes.

El letrado ha recalcado que el juez ha tomado esta decisión después de que durante la instrucción haya recibido distintos informes sobre los hechos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de haber tomado declaración a al menos siete víctimas directas y al disidente político chino Wei Jingsheng.

La querella, en relación con la muerte de seguidores de Falung Gong entre 1999 y 2002, fue presentada en septiembre de 2004 por quince personas contra el ex presidente chino Jiang Zemin; Jia Qinglin, presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y ex secretario del Comité Municipal del Partido Comunista en Pekin; y el ex ministro de Comercio Bo Xiali.

Entre los querellados figura también Luo Gan, responsable de la oficina de seguridad pública y miembro del Comité Permanente del Politburó y Wu Guanzheng, presidente de la Comisión de Disciplina del Partido Comunista.

Este movimiento espiritual cifra en más de medio millón el número de personas asesinadas, y más de 3 millones de torturadas en campos de trabajo, además de crímenes de extracción masiva de órganos internos para utilizarlos en trasplantes a occidentales.

El Partido Comunista chino persigue esta práctica espiritual desde que en 1999 la Asamblea Nacional Popular la declaró ilegal y prohibió todas sus actividades, por considerarlo como una amenaza para la seguridad del Estado y fomentar la superstición al causar numerosas muertes de enfermos, que rehusaron los métodos de la medicina convencional.