El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, que instruye la causa sobre el accidente ferroviario registrado en la capital gallega, ha requerido a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento que informe sobre las modificaciones introducidas en los diez kilómetros anteriores a la estación de Santiago de Compostela en la línea de Alta Velocidad Ourense-Compostela a partir del 24 de julio. Adif instaló en la zona nuevas balizas de seguridad pocos días después del descarrilamiento del Alvia en el que murieron 79 personas.

Así lo dispone en un auto notificado este miércoles [ver pdf, aquí] en el que se acuerda la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la acusación popular personada en la causa (Apafas --una de las asociaciones de víctimas--) y una acusación particular.

Además, el juez Alaez solicita a Adif, a través de su representación procesal, la aportación a la causa de las pólizas de los contratos suscritos con entidades aseguradoras 'en virtud de los cuales éstas hayan asumido el riesgo de responsabilidades pecuniarias derivadas de la actividad de administración y explotación de infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en general, o , en particular, si existiere, de la Línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago de Compostela, así como de las que den cobertura a aquel riesgo por la actuación de la Dirección de Seguridad en la Circulación y/o del Consejo de administración de Adif, en vigor a fecha de 24 de julio de 2013'.

El juez Aláez argumenta en el auto que la petición de esas pólizas responde a poder determinar la condición 'de posibles responsables civiles y el alcance de su responsabilidad'. Mientras, justifica el requerimiento dirigido a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, a fin de que informe sobre las modificaciones introducidas en los diez kilómetros anteriores a la estación de Santiago de Compostela en la línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago, a partir del día 24 de julio de 2013, 'para poder verificar las manifestaciones vertidas al respecto por los imputados que ya han declarado'.

Además, el juez instructor ha requerido al Ministerio de Fomento que remita escrito con la identificación de las personas que integran la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Aláez pide la identificación de las personas que integran la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pues, al margen de que no se trata 'de una diligencia acordada por el órgano judicial y que sea discutible el valor de su dictamen como informe pericial', dichas personas -sostiene el juez-, 'siempre podrán ser llamadas a prestar declaración en el procedimiento como testigos de aquello que hayan percibido'.