El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cree que la banda terrorista ETA podría estar utilizando "un grupo industrial maderero" para "la acogida de miembros huidos" de la banda terrorista en México.

Así lo expone en el auto de procesamiento que ha dictado para siete presuntos miembros del colectivo de refugiados de ETA en México por los delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Los procesados son Juan Ángel Otxoantesana, condenado en Francia por su papel en el blanqueo en México de dinero de ETA procedente del "impuesto revolucionario", y seis miembros del colectivo de México extraditados a España en 2006: Juan Carlos Artola, Asier Arronategi, María Asunción Gorrotxategui, José María Urquijo, Ernesto Alberdi y Félix Salustiano García.

En el auto el juez considera acreditada la relación de tres de ellos -Otxoantesana, Artola y Salustiano García-, "con un grupo industrial maderero que podría estar siendo utilizado para la acogida de miembros huidos de ETA en dicho país".

Todo ello, "aprovechando la posición" de los tres procesados en "los órganos de gestión" de cuatro empresas madereras: Tableros y Chapas de Puerto Escondido Oaxaca, Maderería Modelo de México, Industrial Maderera Autopista de Cuautitlan y Puertas Finas de Madera Monte Alban.

Para formular sus acusaciones, Garzón se basa en la documentación intervenida en Francia al ex jefe de logística de ETA Asier Oyarzabal, a cuyas órdenes estaba Otxoantesana, quien se dedicaba a "labores de mejoramiento del Aparato de Falsificación de ETA para conseguir pasaportes españoles falsos de alta calidad".

Esa documentación ha permitido averiguar el "modus operandi utilizado por ETA para allegar los fondos consignados por su dirección en Francia a los responsables del colectivo en México".

Garzón relata cómo el procedimiento para la transferencia de fondos desde Francia a México se hacía mediante la constitución de fondos de inversión y cuentas puente, usando identidades falsas.

Según el juez, "un número indeterminado" de miembros del colectivo de refugiados y "algunos nacionales mexicanos" reciben, "con pleno conocimiento y voluntad", fondos de Otxoantesana, mediante el cobro de cheques librados por éste con una identidad falsa.

Por su parte Artola se dedica a la transmisión de fondos a España, destinados principalmente a familiares de huidos.

Los procesados, indica el auto, ocupaban "un papel relevante" en el llamado "comité de coordinación" de México, del que Otxoantesana también era miembro,