El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco está dispuesto a cursar una comisión rogatoria al Reino Unido para interrogar allí al ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos -imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo- en el caso de que ese país no autorice su entrega a España.

Así lo han informado hoy fuentes jurídicas consultadas en el tribunal, conscientes de las dificultades que presenta el caso y ante la sospecha de que los abogados de De Juana no hubieran comunicado a la Justicia británica su disposición a declarar allí -ha sido citado para el próximo lunes- si no tuvieran garantías de que no se va a proceder a su entrega, al menos de modo inmediato.

Velasco, que el pasado martes dictó una orden de detención y entrega (OED) contra De Juana, no tiene constancia oficial de esa citación y no espera recibir ninguna comunicación del Reino Unido hasta que no haya una decisión sobre su petición de entrega.

Las fuentes consultadas aseguran, además, que el próximo lunes el juez de Belfast se limitará a escuchar los argumentos de De Juana, que asegura no ser el autor de la carta que se leyó en el homenaje que se le tributó tras su excarcelación el pasado 2 de agosto y por cuyo contenido se abrió la causa en la que ha sido imputado.

Así, no sería hasta una segunda comparecencia cuando el magistrado le preguntaría si acepta ser entregado a España.

Para que esa entrega se produzca se deben cumplir dos requisitos: que el delito también esté tipificado en el Reino Unido -donde desde 2006 existe la figura del "encouragement of terrorism", equivalente al enaltecimiento- y que se dé un "mínimo punitivo".

Esto último podría ser un problema, ya que De Juana se enfrenta a un máximo de dos años de prisión, lo que -en caso de no tener antecedentes- se traduce en que ni siquiera se ingresa en la cárcel.

Además, si el ex preso etarra acepta ser entregado, sería enviado a España en un plazo de diez días, pero si se niega -y en todas las comunicaciones de sus abogados a la Audiencia Nacional se asegura que no desea volver- se iniciaría un procedimiento que duraría al menos un par de meses y que implicaría una decisión final del Home Office (el Ministerio del Interior británico).

Los antecedentes no juegan a favor de la Justicia española, porque el Reino Unido no suele respetar esos plazos y porque el juez de Belfast puede solicitar toda la documentación que desee antes de pronunciarse, lo que retrasaría el asunto.

Las fuentes consultadas recuerdan lo sucedido con los presuntos etarras Iñigo María Albisu, Zigor Ruiz Jaso y Ana Isabel López Monge, detenidos en Sheffield (Inglaterra) en abril de 2007 y que no fueron entregados hasta el pasado 8 de enero.

El retraso, aseguran, se debió a que los detenidos alegaron riesgo de torturas y España tuvo que acreditar que eso es falso.

Otro caso reciente es el del imputado por los atentados del 11-M Moutaz Almallah Dabas, entregado el 8 de marzo de 2007 cuando había sido detenido en Londres casi dos años antes.