El juez Pablo Ruz ha denegado a dos víctimas del 11-M, vinculadas a la AVT, nuevas pruebas de explosivos porque ya fueron practicadas en el juicio por estos hechos, del que hay sentencia firme, y por "resultar inútiles, dilatorias y perjudiciales" para la instrucción de la causa en la que se ha hecho la petición.

Se trata de una de las piezas separadas que se desglosaron del sumario del 11-M con los llamados "flecos de la investigación" y que se mantienen abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cuyo frente están Ruz y Eloy Velasco, desde que se juzgaron los atentados en 2006.

En esta pieza (las diligencias previas 309/05), que está declarada secreta, se trata de localizar a los implicados en el 11-M que huyeron o que quedan por identificar a través de los rastros de ADN que fueron extraídos de los distintos escenarios de los atentados.

Por ello, el juez cree que en esta causa no es pertinente la práctica de las pruebas que reclaman el ex vicepresidente de la AVT Gabriel Moris y Pilar Crespo (ambos víctimas del 11-M), a los que Ruz ya indicó que debían hacer su solicitud como particulares por no ser parte la asociación en este proceso.

"Las diligencias interesadas, en su totalidad, inciden nuevamente en la determinación del tipo de explosivo" utilizado el 11-M "con el objeto de indagar sobre el origen de dichos explosivos, la existencia de uno o varios suministradores" con el objeto de conocer "a los autores intelectuales, materiales, cómplices y resto de personas que de una forma u otra hayan participado en el atentado".

A este respecto, el magistrado recuerda que la finalidad pretendida con estas diligencias "fue ya objeto de instrucción judicial" y fue una prueba que se repitió en el juicio del 11-M.

Añade además que la Audiencia Nacional en su sentencia consideró probado que el explosivo empleado fue Goma 2 ECO sustraída por el ex minero asturiano Emilio Sánchez Trashorras en mina Conchita, extremo que fue ratificado por el Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación.

Ante esto, Ruz destaca que hay que acatar el "resultado fáctico y jurídico" de esos pronunciamientos y por eso considera que no caben "diligencias que tienden a reiterar la prueba ya practicada en otro procedimiento en el que ha recaído sentencia firme".

Las pruebas reclamadas resultan además "carentes de utilidad", según Ruz, porque no tienen "la más mínima conexión" con los imputados en esta causa.