La jueza del "caso Can Domenge", en el que está imputada la ex presidenta del Parlament balear María Antònia Munar, ha finalizado la investigación del asunto y ha abierto la fase en la que el fiscal anticorrupción presentará su escrito de acusación reclamando la apertura de juicio oral.

Además de María Antònia Munar, en este caso continúan acusados por decisión judicial el ex vicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal (UM); el ex conseller insular de Economía y ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens (UM), entre otros.

A petición de la fiscalía, la juez del caso ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para el que fuera portavoz del PP en el Consell de Mallorca Fernando Rubio Aguiló, así como para Mariano Gual de Torrella Le Senne, Pedro Ferrá Tur, Juan Manuel Sanahuja Escofet, Javier Sanahuja Escofet, Ricardo Sanahuja Escofet, Roman Sanhuja Escofet y Joan Maria Pujals Vallve.

El auto dictado hoy por la jueza Carmen González Miró consiste en el pase de la instrucción a procedimiento abreviado, lo que da por terminada la investigación y pasa el caso a la siguiente fase judicial, en la cual la Fiscalía y las defensas deberán presentar sus escritos en un plazo de veinte días para pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

En este caso se investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM, gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

Munar y Nadal están imputados en otra causa de supuesta corrupción, el "caso Maquillaje", y serán juzgados por una pieza de la misma en la cual la Fiscalía pide para ellos una pena de 6 años de cárcel por malversación, falsedad y prevaricación.

Además de Munar, Nadal, Vicens y Flaquer, la causa continúa contra el abogado Santiago Fiol Amengual, Roman Sanahuja Pons y Mario Sanz Bernal por cinco presuntos delitos: prevaricación, fraude a la Administración, facilitación de información privilegiada, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos.

La titular del juzgado número 12 de Palma concluye que de las actuaciones practicadas "existen indicios bastantes" de que la entonces presidenta del Consell de Mallorca, María Antònia Munar; el vicepresidente Miguel Nadal; el conseller de Economía Miquel Àngel Flaquer; y el Territorio, Bartomeu Vicens, "decidieron de común acuerdo vender el terreno de Can Domenge a precio muy inferior al de mercado a la empresa Sacresa".

A fin de "dotar" a la venta "de apariencia de legalidad", afirma el auto, "se siguió un expediente administrativo de enajenación que conculcaba diversas normas y conculcaba el interés general".

"Con el fin de eliminar la competencia en condiciones de igualdad y que los terrenos fuesen adquiridos por determinada empresa obviaron publicar el concurso en Boletín de la Unión Europea, que era preceptivo, publicaron el concurso en fiestas Navideñas, fijaron plazo exiguo inferior al legal para que los licitantes presentasen las proposiciones y exigieron una garantía provisional desmesurada", añade la juez.

El auto asegura que existen indicios de que la finca tenía un precio en el mercado en la fecha de enajenación y elaboración del concurso "muy superior a los treinta millones de euros y que rondaba los 60 millones de euros (de 52 a 61), esto es, unos diez mil millones de las antiguas pesetas".

La juez dice que Munar era entonces la presidenta del Consell de Mallorca y quien eligió al vicepresidente y consellers implicados, "de tal modo que fue ella quien designó a las personas que tuvieron actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones fraudulentas (los imputados Nadal, Vicens y Flaquer), además era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos".

De ahí que el auto subraye que "no es lógico pensar que todo el entramado, plan y negociaciones se hicieran a sus espaldas por las personas que eran de su confianza".

Por ello, la magistrada concluye que existen indicios de Munar "junto con otros" acordó un plan para enajenar Can Domenge a una empresa a precio inferior al de mercado "sin un fin legítimo que lo justificase".

En cuanto al ex portavoz del PP Fernando Rubio Aguiló, el auto sostiene que no consta que tuviese participación en trámites administrativos "ni que tuviese conciencia de que votaba a favor de la adjudicación con conciencia del fraude y la concertación previas".

Tampoco considera acreditado que conociera "la totalidad de irregularidades y arbitrariedades administrativas destinadas a favorecer" a la empresa que adquirió Can Domenge (Sacresa), "ni que supiera del facilitamiento ilegal de información".