El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha incoado diligencias previas contra Alvaro Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, y contra Antonio Alvarez-Montalvo, directivo de Clesa, por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia.

El titular de este juzgado recibió el pasado viernes a media mañana un informe policial con las declaraciones de ambos directivos y está examinando la documentación aportada por los agentes, informaron fuentes jurídicas.

El procedimiento se ha iniciado tras una denuncia formulada por la Brigada de Delincuencia Económica por un presunto fraude a la Seguridad Social cifrado en nueve millones de euros, como adelantó Público, que detalló que de la documentación policial se desprende incluso un posible alzamiento patrimonial, al constar que presuntamente se habría desviado dinero desde Clesa a Dhul, ambas de la familia Ruiz-Mateos y actualmente en fase preconcursal.

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, confirmó el pasado mes de febrero que se habían ordenado embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia Ruiz-Mateos y advirtió de que se habían dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación. En concreto, la sociedad Clesa tiene una quincena de fincas gravadas con anotaciones de embargos preventivos a favor de la Seguridad Social, según consta en un auto judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid tras una demanda ejecutiva presentada por Royal Bank of Scotland (RBS).

Por otro lado, el plazo legal de un año que tenía la Fiscalía Anticorrupción para investigar las emisiones de pagarés de Nueva Rumasa finaliza esta semana, pero el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya ha avanzado su intención de ampliarlo tras la solicitud de una prórroga adicional de seis meses planteada por los fiscales.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía, se descarta la presentación inminente de una querella contra la familia Ruiz-Mateos por presunta estafa en la emisión de pagarés, lo que daría inicio a un proceso judicial contra ellos por estos hechos.