Por vez primera en su historia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado ponerse de acuerdo para enviar al Gobierno el informe preceptivo aunque no vinculante para aprobar un proyecto de ley. El motivo de discordia ha sido el borrador de la futura ley del aborto.

El informe aprobado la semana pasada en la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, que avalaba la constitucionalidad de la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, no logró los 11 votos necesarios en el Pleno para que saliera adelante.

Según explicó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, el texto recibió diez votos a favor de los nueve vocales propuestos por el PSOE más el de la ponente del informe y vocal nombrada a petición del PNV, Margarita Uría.

En contra votaron los vocales nombrados a propuesta del PP y el propio presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar. Ramón Camp, propuesto por CIU se abstuvo. En una votación previa, el Pleno rechazó con una mayoría de 11 votos una enmienda a la totalidad presentada por Claro José Fernández y que señala que la reforma de la Ley del Aborto es inconstitucional. En esta ocasión, Camp sumó su voto negativo para que no saliera adelante este segundo estudio.

Ante la falta de acuerdo, el Consejo comunicará al Gobierno que 'no emitirá ningún informe' sobre el anteproyecto, afirmó Bravo. La portavoz explicó que durante el Pleno se debatió la posibilidad de encargar a la Comisión de Estudios un tercer informe. Pero teniendo en cuenta que ya se habían solicitado dos prórrogas al Gobierno sobre el plazo previsto, y en vista de que no se logró un consenso previo, el Consejo trasladará al Gobierno la decisión tomada ayer.

Así, la futura ley seguirá su trámite, y después de que el Gobierno ya recibiera el informe del Consejo Fiscal el mes pasado, el Consejo de Ministros deberá aprobar el proyecto de ley. No será así previsiblemente hasta el próximo 28 de agosto, según fuentes gubernamentales. Después será enviado al Congreso de los Diputados para que el texto inicie su trámite parlamentario.

No obstante, la portavoz de los jueces no descartó enviar al Gobierno los dos estudios elaborados sobre el anteproyecto de ley si así se solicita. 'No está previsto en la ley remitir un informe no acordado, otra cosa es que si alguien lo solicitara se debatiría en el Pleno', indicó.

Ramón Camp justificó su abstención al informe elaborado por Margarita Uría con que el anteproyecto de ley 'no se ajusta a la Constitución, principalmente en relación al sistema de garantías'. Según explicó a Efe, sí cree que el sistema de plazos propuesto por el Gobierno es constitucional.