El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), José Luis Concepción, ha llamado hoy a la "responsabilidad de las partes" para terminar con la huelga de funcionarios de Justicia antes de las elecciones.

Concepción considera que las próximas horas pueden ser "vitales" para resolver el conflicto y ha expresado su "temor" a que un gobierno en funciones "no pueda o no quiera solucionarlo", lo que agravaría la situación que ya viven los juzgados.

Según sus datos, en Castilla y León la huelga, que ya ha superado un mes de duración, ha provocado la suspensión de unos 10.000 juicios y diligencias, con una mayor incidencia en Valladolid y León, que suman la mitad de los asuntos suspendidos en toda la comunidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha expresado también su "preocupación" por la situación de acumulación de procedimientos y trámites pendientes que se está generando y que llevará a que "la mayoría de los órganos judiciales de la comunidad, que estaban funcionando de manera puntual, acumulen retrasos que impedirán volver a la normalidad hasta septiembre u octubre, aún cuando la huelga finalice ahora".

No obstante ha reconocido la dificultad de precisar el tiempo que se tardará en recuperar la normalidad, dado que se desconocen las medidas de refuerzo que previsiblemente implementará el Ministerio de Justicia cuando termine la huelga.

El presidente del TSJCYL, que ha reconocido que el seguimiento de la huelga es superior al 90%, ha matizado que en algunos partidos judiciales, aunque son excepciones, se están celebrando juicios con total normalidad.

A juicio de Concepción, los ciudadanos son "los que pierden con esta situación" de paro de los funcionarios porque se ve perjudicado su derecho a la tutela judicial efectiva y no pueden realizar un buen número de gestiones ante las administraciones que requieren algún trámite ante el registro.

Ha puesto como ejemplo la imposibilidad de registrar a un recién nacido para poder incluirle en la cartilla de la Seguridad Social de sus progenitores.

Tras recordar que en Castilla y León hay 2.500 funcionarios llamados a la huelga, casi la cuarta parte de todos los convocados en las comunidades donde la Justicia no está trasferida, Concepción ha considerado "muy justa" su reivindicación de tener un salario igual a quienes realizan su mismo trabajo en comunidades con competencias en personal de la administración de Justicia.