El coordinador general de IU ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la interposición de esta querella, que será presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional cuyo titular, Fernando Andreu, ya investiga estos hechos en la causa principal de Bankia y en varias piezas separadas sobre preferentes. Según ha explicado el abogado Enrique Santiago, en la querella reclaman al magistrado que ordene el embargo de los bienes de los exconsejeros por valor de más de 24.000 millones de euros, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada en mayo de 2012.

Los querellados son los mismos exconsejeros que ya están imputados en la Audiencia Nacional, incluyendo su expresidente, Rodrigo Rato, su vicepresidente, José Luis Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, y las dos entidades como personas jurídicas. En concreto, la formación les acusa de siete delitos: asociación ilícita, penado con hasta 8 años; delito contable por falseamiento cuentas, castigado con hasta 3 años; estafa (6); apropiación indebida (otros 6); administración desleal (4 años); falsedad en documento mercantil (6) y falseamiento de la información económico financiera, penado con hasta 4 años de cárcel.

Además, IU pide como medida cautelar el embargo de los bienes de los exconsejeros que provenían de Caja Madrid -como Moral Santín, José Manuel Fernandez Norniella o el propio Rato- por valor de 3.000 millones, que fue la cantidad que esta entidad emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa. Por último, reclama al juez que ofrezca emprender acciones al Ministerio de Economía a través de la Abogacía del Estado y que los exconsejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil para que estos contratos puedan ser resueltos. IU también señala al Banco de España y la CNMV, así como a la consultora Deloitte y la entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como colaboradores necesarios en la perpetración de estos hechos.

Unos hechos que pasan, ha señalado Santiago, por la 'insolvencia de facto de las cajas de BFA en las cuentas de 2009'; la constitución de la SIP; el 'engaño y estafa' en su salida a bolsa en julio de 2011, 'acompañada de la ocultación de su situación de insolvencia' y la emisión de preferentes por parte de Caja Madrid. También el traspaso del negocio bancario de la matriz a Bankia como paso previo a su debut bursátil, la oferta pública de acciones de Bankia, las remuneraciones que percibieron los exconsejeros y el 'proceso de intervención por el Estado en mayo de 2012', cuando se reformularon las cuentas y pasaron de tener unos beneficios de 309 millones a 2.979 millones.

Cayo Lara ha explicado que la razón que explica la interposición de esta querella ahora, cuando desde el verano de 2012 está abierta la causa en la Audiencia Nacional a raíz de la que presentó en su momento UPyD, es que IU probó primero la vía política intentando forzar en cinco ocasiones la creación de una comisión de investigación, que fue rechazada por el PP en el Congreso.

Para el coordinador de IU, esta acción era 'una obligación ética y política' porque los querellados son 'autores y ejecutores' de un plan de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles 'la situación desastrosa de Bankia', moviéndose por 'lucros personales'. El origen de todo ello, ha dicho, se sitúa en la mala situación de las siete cajas que conformaron el grupo, que 'nació muerto', ya que sus componentes eran 'siete manzanas podridas' que fueron 'obligadas' por el Banco de España a fusionarse.

A juicio de Lara, el primer apoyo que recibió del FROB de 4.465 millones debió ser el momento en que se tuvo que nacionalizar la entidad y sustituir los consejeros, pero 'decidieron coger el camino que conocemos y llevarnos al desastre'.