Mano dura con quien no cumple la Ley de Memoria Histórica. El diputado de IU-ICV Joan Herrera exigió ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que aplique dicha ley y retire las subvenciones a aquellas instituciones públicas o privadas que no eliminen con carácter de urgencia toda la simbología franquista que aún luzcan sus edificios. Herrera hizo una específica mención a 'la Iglesia católica'.

Una responsabilidad en la pervivencia de símbolos que el diputado de IU-ICV hizo extensiva al propio Gobierno: 'Aunque ha empezado la retirada de símbolos dependientes de la Administración, esta se tiene que acelerar. No puede ser que hoy a la entrada del Valle de los Caídos tengamos, como tenemos, escudos franquistas en un espacio que es patrimonio del Estado', recalcó.

Herrera, que durante la interpelación urgente al Congreso se mostró muy crítico con el grado de cumplimiento de la ley pese a los 15 meses transcurridos desde su aprobación, pidió también al Gobierno la creación de 'una fiscalía especializada a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura'.

En opinión del diputado de IU-ICV, el papel que ha desempeñado hasta ahora el Ministerio Público en los asuntos relacionados con la memoria histórica ha sido 'lamentable', en alusión a su petición de archivo de la causa que había abierto el juez Garzón en la Audiencia Nacional. 'En vez de acompañar a las víctimas, decidió poner todo el empeño para el archivo de la causa', destacó.

No quedaron aquí sus críticas a un ley que, como recordó, tiene 'insuficiencias'. Exigió crear un censo de edificios levantados gracias al trabajo forzoso de los presos del franquismo, que la Fundación del Valle de los Caídos cambie sus estatutos y que el Gobierno sufrague la totalidad de los gastos de la apertura de las fosas: 'Garanticen que las víctimas del franquismo que quieran recuperar a sus seres queridos tengan todos los recursos para poder desenterrarlos'.

Herrera, que recordó al PSOE su falta de apoyos estables en el Congreso, acusó al Ejecutivo de cambiar de actitud en este tema tras el 7-M: 'Nos encontramos con que el Gobierno pasó de reivindicar la memoria del abuelo fusilado del presidente del Gobierno a hacer suya esa doctrina del elogio del olvido'.

La réplica se la dio el ministro de Justicia, quien dijo estar satisfecho con el grado de desarrollo de la ley y negó cualquier posibilidad de modificar su texto.

Caamaño, que responsabilizó de posibles demoras a las administraciones autonómicas, hizo alarde de las iniciativas puestas en marcha. Entre ellas, la recién creada Oficina de Atención a las Víctimas de la represión franquista, abierta en Madrid; las 556 solicitudes recibidas de declaraciones de reparación y reconocimiento personal, y la concesión de la nacionalidad española a 12 brigadistas sin tener que renunciar a la propia.

La interpelación sobre la Ley de Memoria Historia no fue ayer la única iniciativa parlamentaria de IU-ICV sobre el franquismo. Por la tarde, en la Comisión de Defensa, consiguió sacar adelante una proposición no de ley de reconocimiento a los oficiales de la Unión Militar Democrática (UMD).

Además, Gaspar Llamazares presentó una pregunta escrita para conocer cuándo va el Gobierno a retirar las condecoraciones que Franco otorgó a Adolf Hitler y Benito Musso-lini, y los títulos nobiliarios que concedió a los generales golpistas Mola, Queipo de Llano y Dávila. La última iniciativa ha sido una proposición no de ley para crear una exposición permanente por la paz en la estación de Xátiva, donde en febrero de 1939 murieron 109 personas en un bombardeo de la aviación italiana que apoyaba a los sublevados.

Muchas canas. Alguna que otra insignia, pañuelo y camiseta republicanas. Y casi ningún diputado. El acto convocado ayer en el Congreso sobre la Ley de Memoria Histórica con motivo del 70 aniversario del fin de la Guerra Civil consiguió congregar a un centenar de personas, pero a pesar de su cercanía con los escaños fueron muy pocos los diputados que se dignaron a hacer acto de presencia. Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV) intervinieron en el mismo. De hecho, habían participado en su organización. Emilio Olabarría (PNV) asistió a gran parte del mismo como oyente. Y nadie más.

Es cierto que Rosa Díez (UPyD) se asomó a la Sala de Columnas del Congreso, pero se fue antes de que empezara el acto. Algo similar hizo el socialista Carlos González. Vio de pie el vídeo que se proyectó al principio y antes de que comenzaran las intervenciones de los ex presos del franquismo se marchó.

Por tanto, 347 diputados se perdieron la intervención de Carmen Arrojo, que evocó con una sonrisa la difícil vida de las mujeres durante el franquismo. La de Gregorio Ortiz, que recordó que en 1941, en la prisión de El Dueso, morían a diario 15 presos republicanos de hambre. La de Victor Díaz, que rememoró el caso de aquella niña de la provincia de León a la que su nombre, República, le costó la vida a su padre.

Un escaso interés que había tenido su prólogo en el pleno celebrado poco antes. Sólo un diputado hizo alusión al aniversario del fin de la Guerra Civil. Llamazares aprovechó el inicio de su intevención en su pregunta oral a José Luis Rodríguez Zapatero sobre la situación de Caja Castilla La Mancha para 'recordar a todas las víctimas de los dos bandos y también a las víctimas de la represión posterior de una dictadura cruel'.

El presidente del Gobierno se limitó a responder a esta alusión con un escueto 'comparto sus primeras palabras'. Y ahí se acabó la memoría de sus señorías.